Luis Vega Ramos

Tribuna invitada

Por Luis Vega Ramos
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Boicot rojo al plebiscito

La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático aprobó unánimemente el miércoles en la noche una resolución de Héctor a Ferrer para que nuestra Asamblea General una a la colectividad a los esfuerzos de boicotear el plebiscito sobre estatus del 11 de junio, por ser uno "amañado y anti democrático".

Horas antes, junto a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, los representantes Luis Raúl Torres Cruz y Manuel Natal Albelo; el vicepresidente de la juventud, Manuel Calderón Cerame; la presidenta del PPD en Arecibo, Lourdes Acevedo; el exsenador José Ortiz Daliot y el delegado a la asamblea, Néstor Duprey Salgado, presentamos una resolución para fines similares.

Las razones para escoger ese rumbo, desde la pluralidad de visiones sobre estatus que conviven en el PPD, son varias. Este plebiscito es un ejercicio amañado, excluyente y antidemocrático, cuyo único propósito es producir una mayoría ficticia y artificial a favor de la estadidad.

El PPD rechaza cualquier intento de asimilación o incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos. Las consecuencias económicas, fiscales, culturales serían devastadores para nuestro País y nuestra nacionalidad puertorriqueña. Eso impide que se avale una consulta hecha a la medida de una falsa mayoría estadista. Particularmente cuando toda la oposición política del País también ha decidido boicotear.

Igualmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se expresó el 13 de abril a los efectos de que dicho plebiscito no cumple con la Constitución, las leyes y la política pública de los Estados Unidos y no puede validarse al amparo de la Ley Pública 113-76, “Consolidated Appropiations Act (2014)".

Las consideraciones anti democráticas de la Ley de Plebiscito son importantes también. Nos oponemos a la exclusión de cientos de miles de puertorriqueños cuyas opciones de status fueron excluidas por la Legislatura y que no pudieron ser defendidas por sus defensores ante el Departamento de Justicia federal.  Igual, denunciamos la eliminación arbitraria de formas reconocidas por décadas de votar, contar y adjudicar los votos emitidos.

Pero lo más lamentable es que tanto el ejecutivo como el poder legislativo de Puerto Rico no hayan utilizado la coyuntura creada por la carta del Departamento de Justicia federal para abrir un nuevo proceso de diálogo entre todos los sectores ideológicos de Puerto Rico.

Ante esta situación, el PPD sólo podía adoptar una posición que, dentro del respeto a su diversidad, solidificara un consenso en la base de nuestra colectividad, para combatir esta trampa anti democrática y todo intento de atosigar la asimilación o incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos.

El PPD debe aliarse a una gran convergencia para deslegitimar el plebiscito. A tales efectos, la Asamblea General debe ratificar el llamado boicotear la votación del 11 de junio para restarle credibilidad y legitimidad ante losojos del pueblo, el Gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional.

Sólo si el Departamento de Justicia federal avalara el plebiscito, algo poco probable, es que el PPD debe revisar esta determinación. De lo contrario el único curso de acción disponible es un boicot popular desde el respeto a la diversidad que convive en nuestro partido.

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