Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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“Bolsillos”, ventas y fondos federales

Las últimas noticias sobre los procesos de ajuste de deudas del gobierno de Puerto Rico (ELA) giran alrededor de la lenta recuperación de la isla, la falta de liquidez, los préstamos, la privatización y las posibles ventas de activos públicos.

En la esfera judicial, surgió la denegación parcial por la jueza Laura Taylor Swain, en los casos de título III de Promesa, del préstamo por $1,300 millones ofrecido a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por el gobierno.

Por la rama ejecutiva, se notó la frustración del gobierno por la falta de fluidez de los $4,600 millones aprobados por el Congreso hace cinco meses.

A la vez, se oyen las voces del pueblo describiendo un cuadro dantesco de seres atrapados en “bolsillos” de oscuridad y otros desesperados por la lentitud de la recuperación y la falta de ayudas económicas para viviendas.

El gobierno ya anunció que intentará conseguir la aprobación del tribunal para los $1,000 millones de la AEE que le fueron denegados la semana pasada.

Esta vez el ELA tendrá que cumplir con la sección 364 del Código de Quiebra Federal (el “Código”) para evitar la repetición del fiasco del préstamo denegado y tendrán que negociar de frente con los bonistas y probar que no existen préstamos alternos en el mercado. Para pasar el cedazo de la jueza Swain, el préstamo a la AEE debe conceder protección adecuada a los bonistas y requerir que la garantía del ELA no afecte los gravámenes de otros acreedores garantizados.

A la vez, el préstamo de la AEE deberá ser lo suficiente para mantener la producción de energía necesaria, en lo que se decide el futuro de esta agencia y hasta que el Plan de Ajuste de Deudas de la agencia se apruebe por la jueza Swain.

La decisión sobre el préstamo billonario a la AEE es compleja, porque impacta los Planes de Ajuste de Deudas y los Planes Fiscales a ser certificados por la Junta de Supervisión.

Además, la metamorfosis que se vislumbra para la Autoridad requiere decisiones sobre alternativas de producción; redactar legislación validando las reformas en discusión (ventas, privatizaciones, sociedades público-privadas y concesiones); e implantar los cambios.

No hay duda que Promesa permite a la Autoridad de Energía Eléctrica asumir un préstamo bajo la sección 364 del Código. Sin embargo, Promesa no incluye la sección 363 del Código (“Use, sale, or lease of property”) que trata con la venta de bienes de un deudor, aunque permite incluir una venta bajo la sección 1123 del Código dentro del Plan de Ajuste de Deudas a ser aprobado por el tribunal.

La exclusión de la sección del Código que cubre las ventas de bienes en la ley Promesa no quiere decir que el gobierno no pueda vender activos de la AEE, sino que responde a la protección que la décima enmienda de la Constitución concede a los Estados para administrar sus bienes. Contrario a los negocios, las entidades de gobierno normalmente no se liquidan.

Basado en los poderes reservados, el ELA podría intentar vender activos dentro o fuera de los procesos judiciales de Promesa, aunque tal venta no debería afectar los derechos de los bonistas, al menos que sea aprobado por el tribunal como parte del Plan de Ajuste o los bonistas consientan.

En todo caso, las leyes de Puerto Rico sobre la disposición de activos gubernamentales, deberán ser aplicable a cualquier venta de activos de la AEE dentro de los procesos judiciales de Promesa.

Finalmente, es importante enfatizar, que cualquier proceso de venta de activos gubernamentales bajo Promesa debe garantizar equidad y respeto a los derechos de los acreedores que pudieran quedar afectados. Igualmente, las negociaciones y las reformas relacionadas a las transacciones de ventas, deben incluir a todos los sectores y manejarse con total transparencia.

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