Víctor García San Inocencio

Tribuna Invitada

Por Víctor García San Inocencio
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Borrasca de una guerra interna

Dos fuentes de ilegitimidad se interponen en el ascenso del licenciado Pierluisi a la gobernación asumida. Primero, se trata de un funcionario inconfirmado por el Senado. Segundo, y quizás más importante, se le ve como coautor y promotor de la ley PROMESA y de su Junta de Supervisión Fiscal, como su abogado y el de grandes intereses.

Pierluisi es en efecto el representante de la ideología neoliberal de la Junta que ahora pareciera poseer asiento nuevo en Santa Catalina.

La primera fuente de ilegitimidad, ha dicho el propio licenciado Pierluisi, que intentará subsanarla sometiéndose al proceso evaluativo de vista y procura del consentimiento senatorial. Es una ruta cuesta arriba que ha decidido tomar por dos razones.

Primeramente, la improbabilidad de prevalecer contra la letra del Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente, que requiere el aval previo de Cámara y Senado.

En segundo lugar, es empinada la cuesta porque no hay forma de conducir una administración con un Senado de mayoría de su propio partido en guerra.

No es lo mismo el clima muy tenso de un gobierno fragmentado-compartido, que una guerra civil interna al interior de un gobierno.

Cuando ese conflicto se institucionaliza entre el cuerpo legislativo que confirma nombramientos, da su aval a las leyes, aprueba los presupuestos y cofiscaliza al Ejecutivo, la prudencia aconseja promover avenencias y en este caso, eso sólo se consigue aceptando el laudo senatorial. Se queda si lo confirman, se marcha si repudian su nombramiento. Si esto sucede, si no lo confirma el Senado, la Secretaria de Justicia ocuparía el cargo y Pierluisi recobraría sus lealtades con su bufete y sus clientes.

No hay bolita de cristal que permita conocer de antemano si cambiarán de parecer la mayoría de los senadores. Diferentes resortes persuasivos de orden síquico y acaso menos sutiles, podrían activarse para provocar cambios de criterio.

Bien es verdad, que contra la Secretaria de Justicia hay señalamientos de parálisis investigativa o laxitud ante alegatos de corrupción, y sobre conductas, que minan su credibilidad. Sobre estas, más de un organismo investigativo podría estar ablandando granos.

Si Vázquez asumiese el cargo, tendría que designar a un Secretario de Estado, a otro de Justicia y revisar las decisiones relámpago tomadas por el renunciado Rosselló. Estas no son tareas sencillas, mucho menos con los vientos borrascosos de guerra civil interna del partido de gobierno en medio de una administración colapsada y fracasada.

Ahora que Rosselló descansa en paz —excepto por la molestia de investigaciones incipientes— quizás ande medio sonreído a medida que se aleja.

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