Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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Boston y la nada colonial

La agitación surgida el viernes 15 por la tarde, cuando se dio a conocer la opinión del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston sobre la Junta de Control Fiscal, es otra muestra de la superficialidad con que se debaten ciertos temas, pero, en un sentido más íntimo, de la reverencia colonial con que se reciben las decisiones que salen de los tribunales americanos.

Que las tengas que acatar no significa que te derritas por ellas.

¿De verdad alguien cree que de ese tipo de foro, u otro parecido, saldrá una decisión que atente seriamente contra el sistema?

El viernes por la tarde todo el mundo alababa esa opinión tan bien escrita, tan novedosa, tan irrefutable. Pues parece que no era para tanto, y no solo eso, no era para tanto y puede ser peor.

¿Cuál es la esencia de ese documento?

En síntesis: los nombramientos de los siete miembros de la Junta son inconstitucionales porque no se oficializaron usando los canales debidos. El Tribunal de Boston le da tres meses al presidente Trump —tiempo de sobra para un sujeto acostumbrado a moverse como una anguila— a fin de que enmiende el error y, mientras tanto, se mantiene la validez de todas las acciones tomadas por la Junta, más las que pueda tomar en el futuro.

A ver, ¿eso es para declarar victoria y dar brincos de felicidad?

A simple vista, no cambia sustancialmente nada, es una tomadura de pelo.

El gobernador no sé por qué se comportó como lo hizo, si desde el principio sabía que esa decisión iba a hacerse sal y agua, como en efecto ha sido. Ese mismo viernes, o al día siguiente, aseguraba que en Puerto Rico se abría un “panorama nuevo” y que la decisión de Boston reconocía “que la Junta se había extralimitado en sus poderes”. ¿Qué panorama nuevo ni panorama nuevo? Es más viejo que el frío: un tribunal americano que alega que algo no se hizo bien, muestra la forma y entrega las herramientas para que se corrija. Vaya con la novedad.

Cuando hayan pasado los tres meses que concede la decisión, de seguro algunos miembros de la Junta habrán hecho oficial su deseo de renunciar al ente, y vendrán otros elegidos de Trump.

Todo ese revuelo del viernes 15 por la tarde, no fue más que un intento de hacer creer a la gente que dentro de los propios Estados Unidos está la solución a los poderes plenarios y la cláusula territorial, y que gracias a los tribunales reivindicativos, donde tenemos aliados, el país puede sacudirse a la Junta y a los acreedores, y por tanto sacudirse la deuda. Oyendo cosas como esas, hay que pensar que la verdadera guagua aérea es la nube colonial en la que algunos se montan y luego no se quieren bajar.

Hubo quien se apresuró a destacar que gracias a varios de los puntos contenidos en las cincuenta y pico de páginas redactadas por el juez Juan Torruellas, y avaladas por otros dos magistrados, el Gobierno de Estados Unidos y el Congreso se verían obligados a debatir cuestiones más profundas en torno a la relación con Puerto Rico. Sigan durmiendo de ese lado.

¿Cómo es posible que el gobernador, sin encomendarse a nadie, se pusiera a hablar de reasignar partidas y alterar el presupuesto ya aprobado por la Junta, atenido a lo que dijo Torruellas? ¿Dónde está la seriedad de un ejecutivo, de unos presidentes camerales, de unos jefes de agencia que, sin haber leído a derechas la determinación, se ponen a sacar las cuentas de la lechera? Para el que no lo sepa, las cuentas de la lechera son aquellos números de la famosa fábula, en que la lechera sacaba conclusiones a base de sus fantasías.

La indiferencia con que el Congreso tomó la decisión de Boston, y la frialdad con que se refirió al asunto la Junta de Control Fiscal, debería decirles algo a los entusiastas. Hubo sectores que se desataron: afirmaban por radio que la Junta había muerto; que Hacienda debía anular inmediatamente las partidas asignadas al ente federal, y que la trascendencia de ese escrito iba a ser de tal magnitud que, en un plazo más breve del que imaginábamos, se estaría enmendando la Ley Promesa.

Que en esas ensoñaciones caiga el gobierno, y hasta los líderes del principal partido de la oposición, pasa. Pero que caigan sectores progresistas, que se supone que tengan la desconfianza a flor de piel, y además estén al tanto de la manera en que se reordena el mundo, es inexplicable.

Antes de que pasen los tres meses de moratoria concedidos por el tribunal, es probable que algunos de los miembros de la Junta Fiscal se retiren para volver a concentrarse en sus trabajos, bien sea en la academia o al frente de importantes empresas. Aparte de que el presidente Trump tendrá interés en colocar sus propias fichas, y el juez Torruellas se lo ha puesto en bandeja de plata.

En Washington siguen reacios a que el gobierno de Puerto Rico y la Legislatura de turno manejen el dinero de la reconstrucción. Estipulado eso, el resto es negociable. Pero el gobernador que se olvide de empezar a reasignar partidas y volar por su cuenta. Y los líderes camerales, que se han sentido reinas por un día (ese viernes que bajó la decisión de Boston), que sepan que todo fue una falsa alarma.

La vida sigue su curso, que aquí es complicado, quedan por negociar muchos aspectos con los acreedores, y con los que tienen que soltar el dinero de la reconstrucción.

No será un cuento de hadas.

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