Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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Botellitas de agua

Fue en el Capitolio, el martes pasado, después de la alocución del Gobernador sobre el presupuesto. La escena parecía sacada de una película de “Laurel & Hardy”.

En el podio, ante los periodistas, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, contestaba las preguntas con evasivas, balbuceos y timideces. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aguardaba impaciente a que Méndez dijera lo poco que se atrevía a decir, para tomar él la palabra, empujándolo a un lado, y quedar así frente al micrófono. Entonces soltaba aquella frase que dejaba al otro en evidencia: “Yo sí les voy a contestar”.

Eso ocurrió varias veces durante la conferencia de prensa que ambos ofrecieron luego de escuchar el mensaje de Rosselló.

No es que a los legisladores les vayan a aumentar el presupuesto. Es que les dejan intacto lo que tienen, que ya es ofensivo. Y en el fondo todos están contentos. Para la oposición es muy fácil adoptar esa actitud indignada y prometer que ni aunque les probaran que eliminar la Ley 80 beneficia la economía del país, ellos darían su voto. Saben que el voto de ellos en realidad no es necesario para sacar adelante el proyecto, por eso se permiten tales arrebatos.

En la tarde del jueves, dos legisladores populares radicaban una resolución para que el Banco de Desarrollo Económico y el Departamento del Trabajo presentaran “cualquier documento” que sustentara la utilidad de eliminar la Ley 80.

Una preguntita: ¿cuánto tiempo creen que estaría tomando eso? Porque se comportan como si tuviéramos todo el tiempo del mundo.

En una disyuntiva así, habría que cuestionarles por qué no investigaron antes lo de la Ley 80, si esto era algo que se veía venir. No han tenido mucho trabajo en estos meses, se han limitado a ordenar “investigaciones” y a vagabundear en los hemiciclos. Bien pudieron emplear su tiempo libre buscando esa información que ahora le requieren al Departamento del Trabajo.

En todo caso, ellos que tanto mandan, pero nunca van, tienen una oportunidad de oro, con estos acontecimientos, de hacer un plan de desobediencia civil. Sí, allí mismo en el Capitolio. Ese lugar de donde entran y salen a la hora que les da la gana; donde tiene flamantes oficinas; empleados visibles o invisibles; ayudantes que les abren las botellitas de agua —el otro día, antes de que el Gobernador empezara a hablar, iba un hombre por las mesas abriéndoles las botellitas de agua—, y donde su labor se limita a reaccionar cuando ya es demasiado tarde, con una resolución que no vale ni el papel donde está escrita.

Se fomenta, cada día con más intensidad, la equivocada idea de que el debate en torno al plan fiscal y al presupuesto que se presentó al país, será asunto resuelto tan pronto los legisladores entren por el aro y se apruebe la eliminación de la Ley 80. Pero no es así.

Si esto ha sido sudado y sangrado, imaginémonos lo que nos espera cuando llegue la hora de pelearlo en el tribunal de quiebras.

Ya el Gobernador y la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, dejaron claro que lo de las pensiones se decidirá en ese foro. Tarde o temprano, todo se verá allí. ¿Y entonces qué?

Por lo pronto, ya el miércoles pasado, como respuesta a los eventos del martes en el Capitolio, dos aseguradoras de acreedores radicaron sendas demandas en contra de la administración. Lo que está pasando ahora es un juego de niños comparado con lo que viene en los tribunales. Llama la atención que la batalla se reduzca entera a lo que dispone o no dispone la Junta; a lo que acepta o no acepta el Gobernador; a lo que cede o no cede la Legislatura. Creo que hay temor a enfrentar la realidad: lo esencial estará en manos de una magistrada que, a la hora de sentarse en el estrado, verá, de un lado, a los bonistas, y del otro, como hermanitos, a la Junta de Control Fiscal y al Gobierno de Puerto Rico. Eso es todo.

Se puede seguir con la cantaleta de que hay que eliminar a la Junta. Pero al tribunal de quiebras es imposible eliminarlo, y de eso no habla nadie. ¿No se han fijado que ningún político, de ningún partido, lo menciona? Se hace cuesta arriba, claro, son palabras mayores. Pero ahí está el meollo de esta situación.

El martes, en esa conferencia de prensa tan insondable que dieron los presidentes legislativos, una periodista les preguntó si se sentían presionados por las advertencias del Gobernador. “Laurel & Hardy” se miraban uno al otro. Laurel decía: “Yo no me siento presionado, ¿y tú?”. Hardy lo miraba de reojo: “Yo tampoco”.

No. Ninguno de los dos lo está. Presionados estamos nosotros, los ciudadanos que no damos crédito a lo que oímos. Ni mucho menos a lo que vemos. Esa escena de las botellitas de agua es un símbolo de todo el vasallaje que habría que eliminar.

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