Melissa Marzán Rodríguez

Tribuna Invitada

Por Melissa Marzán Rodríguez
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Cannabis medicinal: gran oportunidad para la isla

El uso del cannabis recreacional ha sido prohibido por muchas sociedades. Una de las razones para ello ha sido su asociación con eventos adversos al bienestar. Al igual que el alcohol, los derivados de la oxicodona y el tabaco y el juego, muchos hemos conocido historias de amigos o conocidos que por el abuso de estos han sufrido eventos adversos a su salud. Esas historias son ciertas, pero también a través de ellas se han construido mitos que abonan a que sustancias más nocivas sean legales y el cannabis no.  Estos mitos han fomentado el estigma en aquellas personas que necesitan utilizarlo de manera medicinal.

Por al menos 3,000 años, el uso del cannabis se ha documentado para el manejo de condiciones de salud. El uso medicinal de manera no regulada ha sido un reto para generar evidencia de su efectividad. Reconociendo la importancia de la investigación y el uso beneficioso en ciertas instancias, el gobierno federal en años recientes generó política pública para que los estados o territorios pudieran legislar el cultivo, manejo, distribución y uso del cannabis medicinal.

Sin duda, esta política es un paso de avanzada para nuestra sociedad. De esta forma se les concede el acceso a cannabis a pacientes que bajo la regulación aplicable de estado a estado sean elegibles. Tal vez para algunos esto no sea significativo, pero para personas con ciertas enfermedades crónicas esto puede resultar en una mejor calidad de vida. Precisamente esa mejor calidad de vida es la que nos exige que analicemos el tema del cannabis desde una visión de salud pública.

En el 2015 en Puerto Rico se generó la primera regulación del uso del cannabis medicinal. Al igual que en los Estados Unidos, en Puerto Rico este reglamento incluía: el cultivo, manejo, distribución y uso del cannabis medicinal, lo cual posteriormente fue recogido en la Ley 42-2017.

En un retroceso al desarrollo de esta industria, la pasada semana una decisión del secretario de justicia federal, Jeff Sessions, abrió la puerta a que cada fiscal de distrito decida si procede o no procesar violaciones a la ley federal, en la que el cannabis se considera una droga tipo 1, un sin sentido que la coloca al nivel de la cocaína y la heroína.

A nivel local, el gobernador acertadamente condenó la acción de Sessions, ya que el cannabis medicinal es uno de los pocos temas que cuenta con apoyo bipartita en Puerto Rico. Esta oportunidad permite consolidar los diferentes esfuerzos y centrarse en la meta común de garantizar el uso del cannabis medicinal a los pacientes de ciertas condiciones crónicas que ven una mejoría en su calidad de vida por el uso del cannabis.

El estigma y discrimen asociados a su uso recreacional empañan los resultados positivos del uso medicinal del cannabis. Para lograr el objetivo de continuar desarrollando la industria, es necesario campañas educativas que comuniquen efectivamente cuáles son los aspectos básicos y beneficios del cannabis medicinal.

Igualmente, levantar evidencia científica sobre su efectividad debe ser una de las prioridades para esta novel industria en el país. Es una oportunidad idónea para que Puerto Rico sea uno de los líderes en generación de datos científicos sobre el uso del cannabis medicinal, tanto en Estados Unidos, como a nivel internacional. Para poder colocar al país en ese lugar es necesario que se garantice el acceso del cannabis medicinal mediante los diversos recursos legales. Necesitamos que las voluntades políticas no esperen más. 

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