José A. Hernández Mayoral

Tribuna Invitada

Por José A. Hernández Mayoral
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Cárcel para los estadolibristas

En mi pasada columna comenté que la ley de plebiscito tenía sabor a democracia venezolana por la manera en que el gobierno pretende ganarlo siguiendo el método de eliminar las opciones que no le gustan y teme. Pude haber dicho en vez que su parecido era más a democracia rusa, pues Nicolás Maduro simplemente arresta a sus opositores mientras que en Rusia a veces aparecen muertos, y esa es la modalidad usada por el gobernador Rosselló en este caso. Declaró al Estado Libre Asociado (ELA) muerto y a base de ese criterio suyo ordenó sacarlo de la papeleta. Pero el gobierno no se detuvo ahí. La ley busca ponerle obstáculos a los que se opongan al plebiscito, incluso con amenaza de cárcel.

Para que no digan que estoy exagerando, aquí el texto de la ley al que me refiero: “Todo partido político, agrupación de ciudadanos o comité de acción política que no interese ser certificado para representar a alguna de las alternativas de estatus político impresas en las papeletas de votación de ambas consultas electorales, pero incurra en recaudaciones, donaciones y/o gastos de campaña de medios publicitarios o cualquier tipo de actividad para oponerse a alguna de las alternativas de estatus político impresas en las papeletas de votación; promover la abstención electoral, alguna modalidad de expresión electoral u otra alternativa de estatus político, deberá cumplir con los requisitos de certificación de este Artículo”.

El requisito de certificación es un proceso de registro donde hay que dar nombre, dirección y datos personales. Es un obstáculo a la libertad de expresión. Un registro se puede justificar en la elección de candidatos a puestos de gobierno como mecanismo preventivo a la corrupción. Saber quién le dio dinero a los candidatos y cuánto le dio permite monitorear si luego el candidato una vez electo utiliza el poder para beneficio de sus donantes. Pero en un referéndum, para votar por ideas, no tiene cabida ese tipo de restricción. Más aún cuando cuando se pretende aplicar solamente al que no está abogando por opción ofrecida alguna, sino protestando el proceso en sí. Violar el requisito de registro se considera delito grave. Nuevamente, aquí pongo el texto:

“Toda persona que a sabiendas y fraudulentamente obrare en contravención a cualesquiera de las disposiciones de esta Sección o que teniendo una obligación impuesta por la misma, voluntariamente dejare de cumplirla, o se negare a ello, será culpable de delito grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no excederá de dos (2) años o multa que no excederá de diez mil dólares ($10,000) por cada infracción o ambas penas a discreción del Tribunal.”

La ley no le impone un requisito igual a los que apoyan las opciones que figuran en la papeleta. Les requiere que se certifiquen para designar a un representante principal de cada opción. Pero es para otros fines, como por ejemplo encargarse de los funcionarios de colegio y otras tareas relacionadas a la votación.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la ley está redactada de una manera que parecería limitar el periodo de registro a treinta días desde su aprobación. No está del todo claro pero cabe esa lectura. Ese plazo expira el 5 de marzo. Como a ese dato no le dan publicidad, el propósito es que se les pase el plazo a los que lo desconocen.

Qué bella contradicción. Los penepés buscan con este plebiscito graduarse de americanos con una resonante victoria para la estadidad, pero tramitándola por medio de innumerables violaciones a la constitución del país cuyos valores pretenden emular.

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