William Félix

Punto de Vista

Por William Félix
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Carta abierta a Wanda Vázquez: Puerto Rico se desangra

Honorable Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico: aprovecho la oportunidad para dirigirme cordialmente a usted, con relación a su reciente veto a la inclusión universal de todos los especialistas y proveedores médicos a la exención contributiva vigente hace varios años. 

Llevo más de una década ejerciendo mi profesión en los Estados Unidos, por lo que mi opinión es imparcial, desde un punto de vista informativo, por un individuo no involucrado en estos asuntos. 

Después de recoger la impresión de muchos colegas y sobre todo, analizar con detenimiento los estatutos de esta ley, mi opinión es la siguiente: esta controversia es solo “una bola de humo” que intenta desbandar a un gremio médico y de profesionales de la salud que debe permanecer unido bajo un frente común. La finalidad es distraer a la clase médica del verdadero causal. 

La realidad, hoy por hoy, es que es casi imposible practicar medicina en la Isla. No se trata de la falta de amor patrio o convicción, sino de simples matemáticas. La causa verdadera: las tarifas “ridículas” por servicios conferidos provistas por los planes médicos. Estas imposibilitan la supervivencia de las prácticas médicas y sobre todo, limitan el acceso clínico adecuado para pacientes en quienes se ha documentado cronológicamente la necesidad de mayor intervención. 

Cada día, más profesionales de la salud han cerrado sus oficinas al colapsar. Mes tras mes operan con déficits, sobregirando sus líneas de crédito. Tal modelo es insostenible. Quien único se enriquece en esta vorágine son las compañías aseguradoras que monopolizan cruelmente el cuidado de nuestros pacientes, y de paso, la estabilidad mental y económica de nuestros proveedores. Para ellos nosotros somos unas variables y los pacientes solo un símbolo en una ecuación. La constante siempre será obtener el mayor margen de ganancias a toda costa.

Este proyecto de ley nunca debió existir; no deja de ser “un vendaje”. No me malinterprete, tampoco abogo por su abolición. Me mantengo firmemente en que no debe ser ente divisorio entre nuestros profesionales de la salud, si desde un principio el gobierno hubiese puesto el dedo en la llaga. 

La solución es fiscalizar y sobre todo, accionar de forma contundente para que estas compañías ajusten sus tarifas a estándares razonables, sin seguir contrayendo el bienestar de los pacientes y galenos. Imagine un paciente que recibe un tiro en el pecho. Le pueden dar decenas de pintas de sangre para estabilizarlo; eventualmente habrá que abrirle el pecho, encontrar la fuente del sangrado y repararlo. De otra forma, el paciente muere. 

Según proyecciones preliminares del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, se espera que cerca de 500 a 700 médicos primarios abandonen la isla este verano en busca de paz mental y no de riquezas. Se trata de poder pagar “la longaniza” que le cuesta su carrera, restablecer la pérdida que resultó de una práctica médica en constante déficit y sobre todo, dormir en paz. Ciertamente, ningún lugar es perfecto, es que en Puerto Rico se hace imposible bajo estas condiciones. 

Si se trata del posible efecto adverso que pueda tener esta exención contributiva en el gobierno, no se preocupe. Toque las puertas de las aseguradoras para que tributen la diferencia. Suena fácil, créame, no es tan complicado. Le garantizo que sus arcas están boyantes, tal tributo sería solo una pequeña mella. 

Este problema no se resuelve yéndome a Puerto Rico y practicando gratuitamente; o enviando a los médicos a hacer cursos de facturación como se me ha sugerido. La gesta heroica de la doctora que perdió todo a raíz de los recientes terremotos y hoy da servicios gratuitos en una caseta de campaña es admirable. Pero tarde o temprano, ella tendrá que generar ingresos para rehacer su vida. Por más romántico que suene este concepto, nadie vive del aire. 

Todavía desconozco qué criterios se utilizaron para determinar la necesidad de especialidades médicas por región y por ende, adjudicar o descalificar este beneficio contributivo. Más importante, si hubo o no consenso entre el gobierno de Puerto Rico y los profesionales de la salud durante el establecimiento de estas normas y criterios. 

Mientras jugamos a la política, nuestros trabajadores de la salud y sobre todo, nuestros pacientes, siguen desangrándose. Está en sus manos detener esta hemorragia.

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