Kenneth Sanabria Domenech

Punto de Vista

Por Kenneth Sanabria Domenech
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¿Ceder derechos constitucionales?


Todas las naciones y territorios del planeta están atentos al desarrollo de la pandemia del COVID-19. Es de esperarse porque son cientos de miles las personas que ya han fallecido debido al contagio con este virus. 

Los gobiernos han tenido que hacer ajustes y tratan de mejorar las relaciones con sus ciudadanos. Se ha tenido que entremezclar aspectos relacionados con los derechos civiles y fundamentales de aquellos que residen en este espacio terrenal ante la necesidad de contener la enfermedad y evitar más muertes. 

Ante la pandemia, ¿dónde queda la Constitución de Puerto Rico y la Estados Unidos, sobre todo en lo concerniente a los derechos fundamentales de los ciudadanos? 

Es pertinente recordar que nuestro sistema de gobierno está enmarcado en un balance de poderes entre las tres ramas que dirigen nuestro derecho constitucional. La legislativa, que es dónde los elegidos por elecciones populares cada cuatro años disponen de las leyes y presupuestos, se ponen de acuerdo para aprobarlas y enviarlas a la rama ejecutiva, que puede aprobarlas y las ejecuta o pone en vigor. Ambas ramas están subordinadas a un escrutinio final, en caso de cuestionarse la constitucionalidad de una ley, por la rama judicial, que será una especie de árbitro de los conflictos que se presenten entre las otras ramas propiamente o entre cualquiera de las ramas y los ciudadanos.

Todos estos poderes previamente citados son provistos por la Constitución de Puerto Rico que, a su vez, enumera cada una de las facultades concedidas a las respectivas ramas. El salirse de cualquiera de esos poderes o aquellos poderes no mencionados, pero que sin ellos no se podrían ejercer los enumerados, significaría que la rama actuó sin autoridad o sencillamente de forma inconstitucional. 

Las Constitución Federal y también la Estatal, están cimentadas en que la libertad es el aspecto de mayor importancia de los individuos y para que se les pueda privar de esa libertad (en cualquiera de sus acepciones constitucionales) debe rendirse ante un debido proceso de ley. Sin embargo, nuestros compatriotas puertorriqueños, no han visto con malos ojos que en medio de la pandemia se haya suspendido sus derechos de más alto nivel. 

Ciertamente, la pandemia ha supuesto un escenario distinto y distinguible del habitual, pero, por otro lado, la Constitución está ahí siempre, viva con sus luces y sus sombras. La realidad que vivimos, pudiéramos decir que es un momento histórico extraordinario y que el Estado, tiene un interés apremiante en la búsqueda de salvar vidas. Estoy seguro de que lo tiene, sin embargo, nuestra Constitución provee las herramientas para atender las crisis. 

La crisis puede ser de cualquier tipo, ejemplo de lo anterior es lo sucedido en el Verano del 19, cuando esa misma Constitución prevaleció sobre el deseo de unos pocos, cuando el renunciante gobernador Ricardo Rosselló tuvo que ceder su puesto a la que ahora es quien gobierna la licenciada, Wanda Vázquez. De la misma manera en que la Constitución estuvo presente en ese momento, ahora, también lo está. 

No pretendo cuestionar las determinaciones del Estado en medio de esta crisis de salud, lo que cuestiono son los mecanismos utilizados, son los medios por los cuales se han abrogado poder donde no existe. Si la Asamblea Legislativa tiene un rol y el ejecutivo otro por disposición constitucional, no existe ninguna justificación para sobrepasar los límites que han sido impuesto en nuestra máxima ley. 

No podemos dejar de entender que el miedo azota nuestro país. Las personas que aquí residen, ante la incertidumbre de lo que nos pueda pasar, han estado dispuestos a ceder derechos y hasta cerrar los ojos, si vemos un exceso del Estado en sus funciones o en su justificación del interés apremiante. Y mientras el miedo interrumpe, algunos amigos del Estado, por no decir, del alma, comienzan a convocarse para ver de qué forma pueden adquirir bienes económicos. 

Otros están dispuestos a cuestionar a la prensa que a su vez cuestiona a los actores estatales y que no brindan respuestas satisfactorias y esa es la médula de que aquí planteo, ese derecho de libertad de prensa que se adjudica en la propia enmienda primera de la Constitución Federal, no se puede apagar, ni por la pandemia, ni por que algún actor estatal quiera. Los mecanismos y los procedimientos, aunque sean expeditos, son importantes. Si no lo fueran, hoy la gobernadora no estaría gobernando. 

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