José Caraballo Cueto

Punto de vista

Por José Caraballo Cueto
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¿Celebramos el ajuste de deuda?

La discusión pública del ajuste de la deuda se enfoca en unos “ahorros” calculados desde lo que hubiésemos pagado sin la quiebra. Pero, eso no es nada nuevo: dado que hay un deudor que no puede pagar es que surgen los recortes. Una discusión más sustantiva sería, ¿es el ajuste sostenible, equitativo y promotor de la capacidad productiva del país?

Sostenibilidad- puede ser positivo que la deuda del gobierno central se recortase en 66%. Sin embargo, subyace una pregunta a la Junta de Control Fiscal (JCF): ¿cuál es el recorte óptimo que hace sostenible toda la deuda pública? Antes del huracán la JCF estimó que el pago sostenible de toda la deuda era en promedio $822 millones, aun considerando los casi $2,000 millones en impuestos que pagan las manufactureras foráneas por la incierta Ley 154 (ver plan fiscal de 2017). Luego de un desastre natural no puede aumentarse el servicio de la deuda, ya que la demanda de servicios esenciales aumentó. Por ende, un servicio de la deuda que alcanzará los $2 mil millones (debemos considerar las corporaciones públicas) no parece ser sostenible.

Hay quien piensa que sí es sostenible gracias a los recaudos nuevos que traerá la reconstrucción. Sin embargo, esa reconstrucción no está garantizada ni durará varias décadas como sí durarán esos acuerdos de deuda. Otros argumentan que la deuda se hará sostenible mediante más austeridad y una reforma contributiva. Sin embargo, eso se parece a las prácticas nefastas del pasado donde primero se comprometían a pagar y luego buscaban el dinero. Tal parece que la JCF no definió el pago de la deuda a base de sostenibilidad sino a lo que fuese más fácil de acordar con los bonistas, y dejar el restante presupuestario para los servicios esenciales, cuando debió haber sido al revés.

Capacidad productiva del País- el acuerdo que hizo la JCF con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recorta la deuda en cerca de 15 puntos porcentuales más que el acuerdo logrado por Alix Partners, pero sube en 28% el ya costoso kilovatio, perjudicando nuestra economía y el costo de vida. Asimismo, el no haber solicitado el proceso de quiebra para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ni para los municipios causó que permaneciese el impuesto al inventario y el aumento en las tarifas que tanto daño hacen.

Algunos alegan que los bonistas pueden solicitar un síndico en la AEE. Sin embargo, el gobierno local puede estimular una transición intensa hacia energía renovable para reducir simultáneamente la capacidad de repago, las importaciones de combustible y el costo por kilovatio (ver artículo de Roberto Pollin y colegas). Mientras, una JCF preocupada por la competitividad hubiese impugnado parte de la deuda de la AEE para presionar por un recorte mayor. Esa fue una buena estrategia que David Skeel aceptó públicamente como efectiva en el caso del gobierno central, donde se impugnaron cerca de $6,000 millones. Parece que la JCF finalmente se dio cuenta de que auditar la deuda era importante.

Cuando la JCF decidió pagarles más a los bonistas “senior” de Cofina que a los suplidores locales, también laceró la capacidad productiva. Y es importante recordar que las decisiones de inversión se toman mirando hacia el futuro: para regresar exitosamente al mercado crediticio (cuando sea estrictamente necesario) más vale tener una economía robusta que una generosidad alta en la reestructuración actual.

Equidad- un acuerdo de deuda equitativo hubiese recortado desde el precio que compró cada bonista (“entry point”), para evitar beneficiar a los fondos buitres sobre los bonistas convencionales. Pero, a la JCF parece no preocuparle la equidad.

Cuando la JCF y el gobierno local deciden aumentar tarifas -en la AAA, en la AEE y en la Universidad de Puerto Rico, entre otras- para que las paguen por igual todas las clases sociales, aumenta la desigualdad social. Cuando decidió recortarle el mismo 8.5% a todas las pensiones por igual (excepto a las menores de $1,200) también aumenta la desigualdad social. Cabe enfatizar que la desigualdad social en Puerto Rico está entre las peores cinco del mundo.

Ahora que buscan tardíamente enmendar la ley Promesa, se deben considerar estos criterios para utilizarlos, aunque sea en la próxima quiebra.

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