Antonio Quiñones Calderón

Tribuna Invitada

Por Antonio Quiñones Calderón
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Celebrar el "Día del ELA", ¿en serio?

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, está invitando –en persona, mediante circulares y memorandos, y a través de innumerables media tours– a las huestes populares a viajar este martes, 25 de julio, a Morovis a “celebrar el día del Estado Libre Asociado de 1952”. ¿En serio?

¿No sería más apropiado dedicar ese día en Morovis al menos un minuto de silencio en recordación del año que el Congreso, la Casa Blanca y el Tribunal Supremo federal siguieron a la decisión del pueblo del territorio en el plebiscito de 2012 (avalado en el de cuatro años después) de anular esa entelequia de “estado libre asociado”?

Sí, porque la pregunta que se cae de la mata es la siguiente: ¿qué ocurrió el 25 de julio de 1952 en Puerto Rico? Y la respuesta es una sola: ese fue el día de la infamia política y del engaño colectivo más perverso en la historia del territorio estadounidense de Puerto Rico. Ese día, ofuscada y adormecida con los cantos de sirena del entonces hegemónico PPD y su innegable control de los medios de comunicación –embobada, además, con el carisma de su líder fundador Luis Muñoz Marín–, una gran mayoría del pueblo puertorriqueño votó por el establecimiento de la “colonia por consentimiento”. Herejía que nos mantuvo como el hazmerreír del mundo por más de seis décadas.

Ya suena repetitivo –y a lo mejor hasta aburrido– insistir en que el proceso de 1951-1952 no fue otra cosa que el permiso que –en virtud de su autoridad política sobre Puerto Rico (de entonces y de ahora)– el Congreso, a manera de una benevolencia, autorizó a los puertorriqueños redactar su constitución de gobierno meramente local, dejando intactas, eso sí, las disposiciones políticas y económicas de la Ley Jones, a la cual se le cambió el nombre por el de Estatuto de Relaciones Federales. Pero la obsesión colonialista, incluso de personas inteligentes, como el gobernador Hernández Colón, obliga a insistir en repetir la realidad de lo que ocurrió aquel año. Desde luego, a nadie le gusta ver cómo las ráfagas del viento echan por el aire su castillo de naipes marcados.

Ciertamente, el interés de Muñoz Marín y sus adeptos era que el Congreso aprobara el máximo de gobierno propio para el territorio. Como dijo repetidas veces a los congresistas de cara a la aprobación de la Ley federal 600 (donde se asienta la constitución local), su meta era “a full local self government in Puerto Rico”. Pero no lo logró. Todo cuando obtuvo fue: 1) el cambio del nombre oficial de “Territorio de Puerto Rico” (asunto de semántica para todos los efectos), por el de “The Commonwealth of Puerto Rico”, que el asesor de la constituyente, Abe Fortas, ideó inscribir en inglés para no asustar a los congresistas con eso de un “Free Associated State”; 2) el consentimiento del Congreso para la redacción de una constitución local que reafirmara el carácter republicano de gobierno del territorio, con la separación de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, tal como establecida en la Ley Jones de 1917, y reiterara la elección del gobernador por los puertorriqueños, derecho que ya estaba vigente desde 1948 por acción congresional, y 3) el cambio de la Ley Jones por el de Estatuto de Relaciones Federales con Puerto Rico.

En lo sustancial, toda la estructura de gobierno vigente desde 1917 quedó intocada con la aprobación de la constitución local, como las leyes del trabajo, el comercio, la transportación, las comunicaciones, la inmigración, el ambiente, la salud y los servicios sociales y otras áreas que siguen sujetas a la jurisdicción del Congreso federal. Por lo demás, la fanfarria de la “autonomía fiscal”, producto del “pacto bilateral inviolable unilateralmente”, formó parte de la tremenda engañifa que proclamó, falsamente, “el nacimiento de un nuevo estado” en Puerto Rico. Nada más recuérdese cuando el presidente Clinton y el Congreso acabaron “unilateralmente” con la sección 936 de Rentas Internas federal (que los congresistas catalogaron como “mantengo corporativo”), no pudo hacer el territorio otra cosa que sufrir el dolor y el bochorno de la violación unilateral.

En serio, lo que el presidente popular llama a celebrar, ¿es el inexistente “novel estatus de Estado Libre Asociado” o la sumisión colonial con la que aún permanece reconciliado un pequeño, pero influyente, sector del PPD? Es la misma reconciliación que manifiestan con sus alaridos de soberanía, pero ojo, con ciudadanía estadounidense y fondos federales. No faltaba más.

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