Rossana López León

Tribuna Invitada

Por Rossana López León
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Ciclón de mentiras sobre cambios en Salud

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez y la directora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Ángela Ávila confirmaron en días recientes que el gobernador Ricardo Rosselló le mintió al país. El 28 de febrero de 2017, durante su mensaje al país, dijo que recortaría al menos $250 millones al Departamento de Salud mientras integraba 50 mil nuevos participantes al Plan de Salud del Gobierno.

Lo que no dijo fue que logró ese ahorro quitándole medicamentos a nuestros pacientes, $500 millones en medicinas para ser más específica. Todo esto forma parte de los acuerdos establecidos en el misterioso Plan Fiscal que tiene a todos en suspenso porque solo ellos saben cómo llegaron a esas conclusiones.

Por eso tengo una batalla legal con el gobernador y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), para que se entreguen todos los documentos que completan este turbio plan. En medio de información confusa provista por estos a la prensa del país, el secretario le echa la culpa al Centro de Servicios Medicare (CMS) por supuestas nuevas formas de cualificar a los más de 1.6 millones de personas en el sistema de salud.

La aparente salida de 30 mil personas no cuadra con los números de la agencia federal que refleja más de 40,000 en su sistema. Esto pone de manifiesto que el gobernador Ricardo Rosselló cuadró parte de su Plan Fiscal cambiando los requisitos de elegibilidad para disminuir beneficiarios, entre los cuales se encuentran muchos con enfermedades catastróficas.

También queda evidenciado que tanto el Departamento de Salud como ASES tampoco han puesto en vigor ningún plan para erradicar el fraude entre los asegurados como pretenden hacer ver al país. Esto certifica que ni el secretario de Salud ni la directora de ASES conocen las reglas del sistema a nivel federal.

A la disminución en los servicios de salud se atempera el que ambos titulares de agencias han negociado para aumentar el pago a las aseguradoras hasta un 10%, mientras disminuyen la cantidad de participantes. Que un gobernador, en medio de una crisis fiscal, trabaje para aumentar las ganancias de las aseguradoras mientras reduce participantes es indignante y debería ser ilegal.

A pocos meses de quedarnos sin dinero en nuestro sistema de salud, nadie sabe cómo el gobierno lo atenderá y menos aún cómo se implementará el nuevo sistema recomendado en el Plan Fiscal. ¿Cuáles son las reglas de juego? Todo este misterio pone en absoluto riesgo la salud de todos los puertorriqueños.

Lo correcto dentro de todo esto es que Ricardo Rosselló vaya a exigir al gobierno federal el dinero que le deben a nuestro sistema de salud. Dinero que pagaron los trabajadores puertorriqueños y ahora ellos quieren quedárselo. Si nuestros gobiernos tienen culpa de nuestra situación fiscal por endeudarnos, Washington tiene culpa de extraer sobre $3 mil millones afectando la salud de la gente y nuestra salud económica.

Mucho ojo a todos los que dijeron sí al Frente por Puerto Rico. Cuidado que mientras estén abogando por fondos de salud, ellos no estén abogando por la estadidad. Un gobernador debe trabajar para el pueblo, no para las aseguradoras y la comisionada residente tiene que exigir con vehemencia que nos devuelvan lo que nos quitaron y lo que en derecho nos corresponde porque lo pagamos.

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