Melvin Bonilla Félix

Tribuna Invitada

Por Melvin Bonilla Félix
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Ciencias Médicas ante la Junta

La reforma que transformó nuestro sistema de salud en 1993 puso en manos privadas los recursos que tenía el estado para proveer servicios a la población médico indigente. Veinticinco años más tarde, lejos de mejorar la salud de los puertorriqueños, su resultado ha sido la desarticulación de las facilidades públicas y un alza dramática en el gasto gubernamental. A este panorama sombrío se suma la Junta de Control Fiscal (JCF) que plantea continuar menoscabando los ya escasos recursos disponibles para atender las necesidades del pueblo y para educar los profesionales de salud necesarios para proveer servicios. Como un modelo de resiliencia, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR) ha mantenido la acreditación de todos sus programas académicos utilizando las instituciones públicas de salud como talleres docentes. Igualmente ha continuado proveyendo servicios clínicos, gracias a la labor de la facultad y residentes que viven inmersos en el Centro Médico dando cara a los pacientes que acuden a buscar servicios, muchas veces sin el apoyo administrativo y sin recibir el pago de las compañías aseguradoras a quienes el gobierno les entregó los recursos del estado.

La JCF propone una disminución de $266,390,000 en la asignación gubernamental a la UPR en los próximos 5 años.1 Para contrarrestar este recorte recomienda un aumento en las cuotas de matrícula, incluyendo 86% para la escuela de medicina. Esto limitará el acceso de estudiantes provenientes de los sectores más desatendidos del país a la UPR, aumentando la desigualdad socioeconómica y perpetuando el ciclo de la pobreza. En el caso del programa de doctorado en medicina, durante su más reciente visita en 2017, la agencia acreditadora estadounidense elogió que la institución no utilizara la cuota de matrícula como una medida para aumentar sus ingresos. Evidentemente, la solución a la crisis fiscal no debe ser el endeudamiento de nuestros estudiantes. Por los pasados cinco años, entre el 64% y el 74% de los médicos egresados del RCM-UPR han permanecido en Puerto Rico. En contraste, sobre el 50% de los egresados de las escuelas de medicina privadas del país emigran justo después de graduarse. Un aumento marcado en la matrícula en la UPR podría provocar un éxodo de los médicos recién graduados buscando mejores salarios para pagar sus deudas. Resulta irónico que en febrero de 2017 se haya aprobado la Ley 14 para frenar el éxodo de médicos del país, pero un año más tarde se contemple un aumento dramático en la cuota de matrícula de la escuela de medicina pública que pudiera provocar un efecto completamente opuesto. Las cuotas de matrícula deben ser ajustadas a la realidad socioeconómica del estudiante, sin requerir que los más necesitados tengan que endeudarse para sufragar su educación y sin forzar a nuestros egresados a marcharse para poder pagar una deuda estudiantil irrazonable.

Para reducir los gastos en la UPR, urge erradicar la burocracia. Esto se logra comenzando un proceso legítimo de despolitización que ponga la gobernanza en manos de académicos avalados por la comunidad universitaria y no políticos nombrados por el gobernador de turno con el propósito de promover su agenda político partidista. Los administradores académicos no pueden estar atados a los vaivenes políticos del país. Lamentablemente, la comunidad universitaria ha aceptado como norma que cada cuatro años se cambie el liderato universitario con miembros del partido en el poder. Para su selección, el currículum parece ser el factor menos importante. Los procesos de búsqueda descritos en el reglamento universitario se obvian. La inestabilidad que estos cambios provocan paraliza a la universidad y es la principal causa de su ineficiencia administrativa.

Es claro que el plan propuesto por la JCF no es el resultado de un análisis genuino de la situación del país y del rol de la UPR como ente transformador, y en el caso del RCM-UPR, como el principal productor de los profesionales de salud que necesita el país y proveedor de servicios de salud a la población más necesitada. De adoptarse este plan, las consecuencias podrían ser nefastas, con un impacto directo en la salud del pueblo.

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