Arturo Massol Deyá

Tribuna invitada

Por Arturo Massol Deyá
💬 0

Ciencia transgredida y amordazada

Una mordaza es el acto de ocultar información y privar de libertad de expresión. Por eso, cuando se invoca por mandatos gubernamentales, aquí o en Estados Unidos, la primera reacción es de profunda preocupación.

Se nos hace retrógrado y espantoso cuando el gobierno estadounidense lo anuncia como política pública. Y es que el presidente de allá firmó varias órdenes de mordaza a agencias federales incluyendo Agricultura, la Administración de Drogas y Alimentos, Parques Nacionales y la Agencia de Protección Ambiental. Ante el anuncio, fue interesante observar que los primeros “revoltosos” fueron los típicamente silenciosos científicos.

El peligro mayor radica en el mandato que estipula que los resultados generados por los estudios científicos de estas agencias tendrán que pasar por una revisión política antes de su divulgación. Sí, esto ocurre constantemente tanto allá como en nuestro país, pero no como una política operacional explícita e institucionalizada.

En el caso del trabajo científico, la revisión de los hallazgos es parte normal del proceso. Se conoce como revisión por pares previo a la publicación de un estudio. Este arbitraje es utilizado para validar trabajos científicos en muchas partes del mundo. Así se examina la calidad, se provoca la retroalimentación y se atienden aspectos del rigor científico. Pero el arbitraje lo realizan científicos con rango semejante o superior al del autor, no políticos con ideologías que acomodan la realidad a su gusto.

Cuando se evidenciaron abrumadoramente los efectos del cigarrillo sobre la salud, el Gobierno no pudo encubrir más a la industria tabacalera y se vio forzado a establecer nueva política pública. Inicialmente con advertencias a poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, luego prohibiciones de fumar en vuelos y, más tarde, políticas más agresivas de proteger a todos en lugares públicos y privados. Esos avances fueron el resultado de largas batallas en las que el acceso a la mejor investigación científica disponible permitió cambios en contra de las “creencias” de algunos políticos y de los intereses de sectores económicos hegemónicos.

Cuando la consideración política se antepone a entendimientos científicos el proceso suele culminar en racismo ambiental contra comunidades pobres: en Nueva Orleans tras Katrina, sectores industrializados de Nueva Jersey o inmigrantes agrícolas bañados en pesticidas en California.

En Puerto Rico despunta el caso de Vieques donde domina el encubrimiento institucional de los daños al ambiente y su vínculo al deterioro de la salud de sus habitantes. Basta mirar los informes políticos de la Agencia Federal para el Registro de Substancias Tóxicas (ATSDR, en inglés) para percatarse de cómo lo científico se transgrede protegiendo a los responsables de ese crimen ambiental.

La directriz de mordaza y revisión política es una afirmación nefasta que se prestapara promover más injusticias ambientales. La misma Agencia de Protección Ambiental federal que conoce del daño del cambio climático se encamina a alterar su acercamiento al principal sector responsable de su causa, esos que se dedican a quemar combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). Además de atraso planetario, comprometerá el desarrollo hacia fuentes de energía limpias y renovables. Igual podrían alterar entendimientos científicos sobre el daño de desperdicios como las cenizas, abriendo las puertas a nuevas definiciones que faciliten o legalicen manejos impropios.

Acá en Puerto Rico, si algo hemos sufrido es cómo la Junta de Calidad Ambiental ha obrado históricamente con mordaza y con análisis político sobre sus informes técnicos. Por eso siempre son cuestionados. ¿Recuerdan la evaluación ambiental aprobada en 24 horas sobre el Gasoducto del Norte o la incineradora de Arecibo en contra de los cuestionamientos de su propio personal técnico?

Antes se nos decía que teníamos lo mejor de los dos mundos. Hoy enfrentamos lo peor de esos mundos y requerirá que la comunidad científica asuma responsabilidades mientras las comunidades deberán fortalecerse para cuidar sus recursos naturales. Mientras en Estados Unidos cuentan con un presidente anti-ciencia, acá tenemos un gobernante con formación científica. Ojalá ese buen atributo no se nuble con su gestión política y pueda abrazar el mejor conocimiento disponible en temas críticos como las cenizas, la incineración, el tema energético, Vieques, la protección de los bosques y la seguridad hídrica, entre muchos otros donde el juicio científico debe tener más peso que el acomodo político razonable o económico del momento. El tiempo nos dirá si tuvimos un científico buen gobernante o un mal gobernante científico. De allá parece que no tenemos que esperar, sus primeros 10 días fueron suficientes.

Otras columnas de Arturo Massol Deyá

💬Ver 0 comentarios