Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
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Claustrofobia

En su página 21, el plan fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal le aprobó a la administración del gobernador Ricardo Rosselló dice: “El plan fiscal del Gobierno requiere salvaguardas adicionales para asegurar la suficiente liquidez y ahorros presupuestarios para financiar servicios esenciales en el año fiscal 2018. En consecuencia, el plan fiscal del Gobierno que la Junta Fiscal certifica debería ser el plan fiscal enmendado para el incluir el uso de (a) un programa de reducción de jornada y (b) la eliminación de todos los bonos de Navidad para alcanzar la liquidez y los ahorros presupuestarios necesarios”.

Más adelante, agrega: “Si la sola discreción de la Junta es que el plan de Gobierno no permite razonablemente esperar que se generan los suficientes ahorros, entonces, dependiendo del nivel de ahorros que la Junta estime que se pueden lograr, la Junta determinará si el plan de reducción de jornada comenzando el 1 de septiembre debe reducirse o eliminarse”.

Así de claro habla el plan fiscal que la Junta aprobó el 13 de marzo de este año y que el gobernador Rosselló celebró en una ostentosa conferencia de prensa en el Jardín Hundido de la Fortaleza, acompañado de casi toda la Legislatura y el gabinete, diciendo “hoy con mucha satisfacción le comunico al pueblo de Puerto Rico que la Junta de Supervisión Fiscal validó nuestro plan fiscal” y “hoy pasamos del ‘me vale’ y la falta de credibilidad a tener un plan fiscal y de desarrollo socioeconómico que cumple con el objetivo de reducción de gastos”. 

De allá hacia acá, el gobernador Rosselló ha cambiado de discurso en innumerables ocasiones. Ha dicho que lo de la reducción de jornada es una mera recomendación de la Junta. Ha dicho que la Junta no tiene poder para imponer una medida así. Ha dicho que el recorte que afectará a más de 100,000 empleados no es necesario porque se lograron los ahorros.

Cometió la imprudencia de decir que iría preso antes de recortar la jornada. Esta semana dijo que no lo hará ahora, pero en caso de un escenario “tétrico” de falta de liquidez no lo descarta en el futuro (sin definir cuándo podría ser ese futuro).

Al presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, quien también se ofreció a ir preso contra la reducción de jornada, se le zafó esta semana la revelación de que el Gobierno y la Junta han conversado para implantarla más adelante.

Y en los últimos días se ha estado empujando desde sectores cercanos a Rosselló la versión de que la reducción de jornada fue metida en el plan fiscal por alguna mano misteriosa sin el consentimiento del gobernador, cosa que es harto difícil de creer porque, si ese fuera el caso, habría sido el deber del mandatario denunciarlo el 13 de marzo, no ahora que la temida reducción de jornada está tocando ya a la puerta, casi derrumbándola.

Estando tan claro que la Junta tiene poderes cuasi absolutos en Puerto Rico, que el plan fiscal no deja espacio a interpretaciones sobre la reducción de jornada y que el gobernador asumió como suyo el documento el 13 de marzo, a algunos puede estar resultando difícil discernir qué es lo que realmente está pasando aquí, cuál es la controversia y por qué Rosselló, a quien todo el mundo le reconoce ser una persona metódica y disciplinada, parecería estar actuando tan erráticamente en torno a este tema.

Se mira con detenimiento, sin embargo, y, como si fuera una radiografía, surgen fulgurantes las vértebras de la polémica.

No es agradable lo que se ve.

Rosselló está viviendo una situación que ningún gobernante en Puerto Rico ha vivido antes. Está gobernando bajo el control de una Junta impuesta desde el Congreso de Estados Unidos, que tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, que le limita tremendamente su radio de acción.

Rosselló, quien a pesar de los exabruptos ocasionales no ha hecho nada concreto para desafiar a la Junta, ha tratado de dar la impresión de que gobierna, de que tiene el control, porque, caramba, habiendo sido electo para ello, no le queda otro remedio. Políticamente, está obligado a tratar de dar la impresión de que tiene algo de control. Pero la verdad, la pura verdad, es que gobierna la Junta, el control lo tiene la Junta, que le dejó para moverse el pequeño espacio del cuarto del que habló una vez el presidente de la Junta, José Carrión III.

Ese pequeño cuarto está asfixiando al gobernador Rosselló, quien está dando señales de claustrofobia.

Rosselló gobierna con los lineamientos de un plan fiscal que fue impuesto por la Junta, aunque el gobernador haya cometido el grave error político de decirle al país que era suyo en todas sus letras, cuando pudo haber afirmado “trabajaré con esto porque así lo manda la colonia, pero no estoy de acuerdo con X y Y y lo combatiré”. El presupuesto del Gobierno lo modificó y lo aprobó la Junta.

La reducción de jornada, por más que el gobernador diga que se opone, va a ser puesta en marcha, a menos que ocurra un milagro y aparezcan los ahorros, porque el control es de la Junta, la ley está con la Junta y la Junta lo quiere.

Rosselló, en resumen, está con las manos atadas, viendo cómo el país que soñó con gobernar le es rediseñado por una Junta no electa por nadie, sin que él pueda hacer mucho para evitarlo.

Y esto se va a poner peor.

Después de la reducción de jornada, el machete de la Junta viene contra el bono de Navidad de los empleados públicos y las pensiones de los retirados del Gobierno.

La Junta ya comenzó a revocar leyes aprobadas por la Legislatura y firmadas por el Ejecutivo. Pasó con una ley firmada por el gobernador para facultarse a nombrar a quien le dé la gana a las juntas de las corporaciones públicas. Pasó con otra ley que pretendía defender a los pacientes de los abusos de las aseguradoras, revocada porque se entiende que puede encarecer el funcionamiento del plan de salud del Gobierno.

La Junta va a estar pronto aprobando múltiples proyectos de infraestructura, sin que el Gobierno pueda hacer mucho para decir con cuál está de acuerdo y con cuál no. La Junta, además, está evaluando ponerle un guardia al Departamento de Hacienda, para que esté allí velando qué se hace con cada centavo del Gobierno.

Esto ya sería como cerrarle las ventanas al cuarto del que ha hablado José Carrión III.

Puerto Rico nunca ha sido una democracia, pues los poderes supremos siempre han sido ejercidos desde afuera. Pero por años, la metrópoli dejó a los gobernantes locales moverse más o menos a sus anchas. Desde PROMESA, eso se acabó. Ahora, el poder de la metrópoli es total, irrestricto, sin delicadezas. Cuando se decía que PROMESA intensificaba el coloniaje, de esto es que se hablaba.

De ahora en adelante, y mientras dure este régimen, nuestros gobernantes andarán amarrados a una cadena bien cortita. Rosselló es el primero al que le toca vivirlo.

Y está aprendiendo a golpes que gobernar una colonia no es tan bonito como se lo imaginó cuando soñaba con volver a La Fortaleza.

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