Tom Sanzillo

Tribuna Invitada

Por Tom Sanzillo
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Clave la supervisión independiente

El 29 de marzo, en respuesta a la continua crítica sobre la pobre gestión del sector de energía de Puerto Rico, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) solicitó al Tribunal Federal de Quiebra nombrar un inspector general independiente del sector privado (IPSIG por sus siglas en inglés) para supervisar y reformar las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Un IPSIG es un equipo compuesto por expertos en gerencia, fiscales auditores e investigadores con un mandato para erradicar el desperdicio, el fraude y el abuso. El IPSIG estaría involucrado en el monitoreo diario de las operaciones de AEE, asociándose con la administración existente para implementar reformas e informar violaciones de leyes o regulaciones a las autoridades correspondientes. En este caso, el IPSIG sería nombrado por el tribunal de quiebra y podría informar a la corte, la Junta de Supervisión y Administración Financiera y al fiscal de distrito federal.

Como primer contralor adjunto del estado de Nueva York, estuve designado por un tribunal con la responsabilidad de supervisión de un IPSIG para monitorear la Asociación de Carreras de Nueva York. El IPSIG se aseguró de que las carreras de caballos se ejecutarán de forma limpia y los elementos corruptos de la organización fueron erradicados.

Mi actual organización, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), planteó por primera vez la idea de nombrar un IPSIG para la AEE en 2016, durante un caso de la Autoridad ante la Comisión de Energía de Puerto Rico.

No hay duda de que la operación de la AEE necesita una reforma seria. Durante años, los políticos en Puerto Rico han lamentado la débil gestión de la Autoridad y han apuntado a la interferencia política. Pero en respuesta, pocos, si acaso, han hecho esfuerzos serios para reformar la gobernanza de esa corporación.

La AEE tiene una larga historia de escándalos en su contratación, incluyendo: el escándalo de varias décadas de la compra de combustible que probablemente costó a los consumidores billones; contratos caros para asesores financieros otorgados sin licitación competitiva, y el de Whitefish para la reparación de la red después del huracán María. A juzgar por el reciente proceso no transparente que adjudicó el contrato de conversión de gas natural de San Juan a una pequeña, políticamente-conectada empresa con poca experiencia en la industria del gas natural, la gerencia ha aprendido poco del fracaso pasado.

La necesidad de un IPSIG no podría ser más crítica que en este momento. AEE ahora está preparada para gastar en los próximos años miles de millones de dólares de fondos federales en infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, mientras que también (según los planes de la presente administración y consejeros de AEE) entra en miles de millones de dólares de los contratos para nuevas plantas de energíay la infraestructura asociada a la importación de gas natural.

Sin embargo, mientras la gerencia de la Autoridad siga impulsada por la conveniencia política en lugar de la planificación sana de energía, la prometida “transformación” terminará por parecer más de lo mismo: malos contratos, tarifas altas y disfunciones financieras.

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