Jean-Paul Castro Lamberty

Punto de vista

Por Jean-Paul Castro Lamberty
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Código Civil: cambios a destiempo

Puerto Rico está a la retaguardia en un sinnúmero de temas. Mientras el resto del mundo evoluciona en casi todos los aspectos, aquí nos arraigamos al pasado: desde el colonialismo hasta cómo afrontamos las crisis de salud. 

Si como sociedad aspiramos a una mejor calidad de vida, desarrollo económico y todos esas metas inherentes a nuestra condición humana, necesitamos un estado de derecho que lo catalice. Un nuevo Código Civil en el 2020 debería ser uno de los vehículos que lo facilite, pero ¿el proyecto que se pretende aprobar hoy es una pieza que refleje esto?

Si bien es cierto que la última revisión general del Código Civil fue en el 1930 y que es evidente que hay que atemperarlo a nuestros tiempos, un cambio tan drástico en el ordenamiento y de la noche a la mañana en estas circunstancias, sencillamente no es prudente. 

Cuando en el resto del mundo se reducen los plazos de la usucapión (adquisición de la propiedad por el paso del tiempo), el nuevo proyecto apenas reduce los términos, abonando así a que no haya un incentivo para que las personas se hagan cargo de sus propiedades y no se conviertan en estorbos públicos como ocurre en la mayoría de los cascos urbanos.

Asimismo, pudiendo ser este un mecanismo que permita que la Universidad de Puerto Rico herede caudales de personas fallecidas de una manera más fácil, el nuevo Código pone a un sobrino tataranieto como heredero antes que nuestro principal sistema universitario. ¿Esto tiene sentido?

Y ni hablar del silencio que guarda el proyecto sobre cuál sería el esquema para regular un contrato que se firme por internet o de todos los cabos sueltos que se dejan en el libro de familia que pueden dar lugar a que un juez creativo pretenda limitar derechos como el aborto o que una persona trans cambie su sexo en el certificado de nacimiento.

Mientras el presidente del Senado nos expulsó de las gradas del Capitolio el año pasado cuando un grupo de estudiantes de derecho quisimos observar un intento de aprobación del Código, ni tan siquiera en la oposición política abordan el tema con seriedad.  Conversando con un exgobernador sobre su parecer en cuanto a la aprobación del proyecto en estas circunstancias, literalmente me dijo: “Hubiesen aprobado el mío”. Entretanto, cuando dialogué sobre este tema con un aspirante a la gobernación, expresó que el Código Electoral era más importante y que no nos preocupáramos porque si él ganaba, el Código Civil se cambiaría. Es decir, a nuestra clase política poco le importa las repercusiones que esto tenga sobre la vida de ciudadanos como usted y como yo.

Sin haber realizado vistas públicas en el Senado, sin tomar en consideración el tétrico momento que vivimos y sin contabilizar el impacto económico que esto tendrá no solo a nivel individual, sino en el readiestramiento de la Rama Judicial y la profesión jurídica, posiblemente hoy atestiguemos uno de los cambios más importantes que hayamos vivido en el derecho privado. Actualizar nuestro Código Civil es necesario, pero de esta manera no. Solo nos resta confiar que la gobernadora utilice su buen juicio como jurista, de lo contrario, al menos yo habré perdido la última esperanza de vivir en un ordenamiento donde las cosas se hagan bien.

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