Amairany R. Hernández Rodríguez
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¿Código Civil, incivilizado?

Durante cuatro años hemos escuchado a los profesores en la Facultad de Derecho decir que muy pronto Puerto Rico podría tener un Código Civil nuevo. Tal parece que no estaban tan lejos de la verdad y esta semana se nos ha obligado a pensar, más que nunca, en esos comentarios. 

Los juristas puertorriqueños llevan casi un siglo esperando por la aprobación de un Código Civil propio. El primero se nos impuso como colonia de España en 1889; en 1902, bajo la dominación estadounidense, se enmendó para eliminar costumbres de origen católico-español, como la prohibición del divorcio; finalmente, en el 1930 se creó el “de verdad”. 

Nuestro Código Civil, en 90 años, ha tenido más de 150 enmiendas. De una primera impresión parecen muchas; de hecho, un desconocedor del campo jurídico quizás pensará que son demasiadas. No obstante, el Código Civil actual y vigente contiene 1,875 artículos distribuidos en cuatro libros, que regulan desde la definición de persona hasta las obligaciones contractuales. Estas 1,875 normas, codificadas en un solo documento legislativo, no han recibido una revisión completa desde su creación. 

Entonces surgen varias preguntas. ¿Es digno de admirar el legislador español por elaborar tan majestuosa obra, cuya base todavía impera en un territorio tan lejano casi con exactitud, a pesar de que en su propia tierra se revisa cada 10 años? 

Independientemente de la respuesta de cada persona, lo que nos ocupa es ¿qué tan necesario es aprobar un nuevo Código Civil durante la pandemia del COVID-19? Quisiera pensar que el legislador boricua, con sus amplios conocimientos, predijo esta crisis y añadió uno que otro artículo capaz de salvarle la vida a todos los habitantes de la Isla; pero no es así. El legislador (en sentido amplio) estudió asuntos de suma importancia para el pueblo; y en vez de atemperar el texto del Código a nuestra realidad jurídica y cultural, prefirió atemperar nuestra realidad al texto colonial. Mantuvo preceptos que, debido al desarrollo tecnológico, no tienen justificación en nuestra época. 

Tal es el caso de los términos prescriptivos de 10 y 20 años, cuando ya no viajamos en barcos y no es necesario adquirir el conocimiento de forma presencial. Por otro lado, hizo silencio sobre temas actuales como la contratación cibernética; ¿piensa el legislador que los boricuas no hacemos compras en línea en plena cuarentena? Asimismo, dejó sin definición la maternidad subrogada y no facilitó el cambio de sexo en el certificado de nacimiento. 

Cabe preguntarnos por qué. ¿Por qué legisladores con un Juris Doctor votaron a favor de esta ley? ¿Por qué la prisa para aprobar un texto legal que afecta derechos adquiridos por jurisprudencia estatal y federal? ¿Por qué dejar más vacíos que respuestas en una ley que debería regir la vida en sociedad; y sus lagunas aumentarán los trámites judiciales? Finalmente, el distanciamiento social permitió que las últimas enmiendas a este código incivilizado no fueran discutidas en vistas públicas; que de aprobarse provocaría un flaco servicio a la justicia y a la democracia puertorriqueña.

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