Pedro Cabán Vales

Punto de vista

Por Pedro Cabán Vales
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Código Civil: secuelas de un hecho consumado

Atropellado, a destiempo y escasamente participativo. Así ha sido, en su etapa final, el proceso de aprobación del primer Código Civil verdaderamente puertorriqueño. El nuevo cuerpo legal nace con ese lastre y con otro aún más pernicioso: haber sido aprobado en medio de una crisis social, sanitaria y económica sin precedentes.

Peor aún, el nuevo código, una obra de más de cuatrocientas páginas y mil cuatrocientos artículos, entrará en vigor solo seis meses después de su aprobación. Durante ese escaso período, miles de juristas tendrán que reaprender al menos seis ramas del Derecho. Todo ello, en medio de la pandemia y observando normas de distanciamiento social con las dificultades de acceso a la información que esto acarrea. No quiero imaginar el caos que esto podría significar para el resto de la ciudadanía.

Los efectos negativos de la inoportuna aprobación de este código se extenderán también a los estudiantes de Derecho, pues entraría en vigor en noviembre de 2020. Esto requerirá cambios significativos en los programas de estudio a mitad del año académico. También se afectarán los aspirantes a la admisión de la práctica de la abogacía y de la notaría, debido a que cambia más de la mitad de las materias objeto de examen de reválida. Por estas razones, los países que han aprobado códigos civiles nuevos han pospuesto su vigencia más de un año y esto en escenarios propicios libres de pandemias.

No debe pasarse por alto que el código todavía vigente fue aprobado en 1889, hace más de ciento treinta años. En 1997, se inició el presente proceso de revisión con apoyo y participación tripartita y con plena consciencia de que se trataba de un proceso largo y complejo. Resulta injustificada su aprobación de manera apresurada y durante la peor emergencia de salud en un siglo.

Este panorama se complica porque el este código traerá cambios culturales profundos. A diferencia del vigente, cuyo contenido proviene en su inmensa mayoría de un solo país, España, muchas de las nuevas disposiciones se inspiraron en una multiplicidad de ordenamientos jurídicos, como: Perú, Quebec, Luisiana, Portugal, Cataluña, Holanda, Argentina o Italia. Esto implica que las fuentes de consulta para interpretarlo son diferentes de las utilizadas por más de cien años. Ello requerirá una gran inversión monetaria en bibliotecas, libros y bases de datos, asunto de difícil cumplimiento en solo seis meses en medio de la cuarentena.

Ya en otro orden cosas, muchos asuntos y, en particular, las últimas enmiendas no se discutieron en vistas públicas ni fueron documentados todos los cambios acogidos. Desde 2009, la revisión del código ha sido atendida de modo intermitente y sin publicar memoriales que detallen las fuentes consultadas y expliquen los motivos para aprobar el lenguaje seleccionado. Esto contrasta con etapas anteriores del proceso, particularmente entre 1997 y 2008, cuando sí se produjeron memoriales explicativos. De ahí que haya redundado en una obra jurídica desigual, y sin armonía de conjunto. Es lamentable porque la transparencia debe caracterizar todas las etapas del trámite de una ley nueva, especialmente un Código Civil.

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domingo, 17 de mayo de 2020

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