Osvaldo Burgos Pérez

Punto de Vista

Por Osvaldo Burgos Pérez
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Código Civil y la irresponsabilidad legislativa

El proyecto del nuevo Código Civil ha generado múltiples preocupaciones tanto en términos procesales como sustantivos. En términos procesales, es falsa la impresión que ha tratado de generar la legislatura a los efectos de que este proyecto lleva más de 20 años de discusión. Si bien es cierto que en el pasado ha habido varios intentos de revisión, el presente nace de un nuevo proyecto generado a puertas cerradas bajo el mando de María Milagros Charbonier y que dio lugar al PC 1654 publicado en el 2018, sin un memorial explicativo que nos permita interpretar la pieza legislativa y con una total falta de coherencia en términos de codificación.

Aunque para ese proyecto original se celebraron vistas públicas en la Cámara, las mismas fueron insuficientes y no abarcaron la totalidad del código. Finalmente, lo que se aprobó en la Cámara fue un Proyecto Sustitutivo para el cual no hubo una sola vista pública y luego de ser enviado al Senado se devolvió al cuerpo original para enmiendas sin vistas. En el Senado no hubo vistas públicas y su discusión en el hemiciclo fue totalmente atropellada.

La falta de un récord legislativo abarcador, unido a la falta de coherencia, va a generar muchísimos litigios al momento de aplicar las disposiciones de este código.

En términos sustantivos, existen múltiples preocupaciones de las cuales, por la limitación de espacio, resumiremos solo algunas. La primera de ellas surge de los artículos relacionados con la personalidad jurídica, donde por un lado se indica que esta se determina por el nacimiento, pero se le reconocen derechos al no nacido, lo cual atenta contra los derechos de las personas gestantes. Aunque en el hemiciclo del Senado se añadió una enmienda para aclarar que los derechos de ese concebido no menoscaban los derechos constitucionales de la mujer gestante, el lenguaje es totalmente contradictorio.

En cuanto a la figura del matrimonio, aunque se habla de la unión de dos personas naturales no se aclara que es independientemente de su sexo o la identidad de género. Esto trae el riesgo de que en un futuro pueda pasar lo que ya sucedió con la Ley 54 sobre violencia de género, donde nuestro Tribunal Supremo interpretó de forma restrictiva el concepto de pareja, contrario a lo que era claramente la intención legislativa.

Con respecto a las parejas no casadas, el proyecto en cuestión solo les reconoce derechos y obligaciones en materia de administración de los bienes de un ausente y para casos de adopción. No obstante, no se establece un marco jurídico para regir las obligaciones y deberes en este tipo de relación en otras instancias, manteniendo un estado de injusticia que esta ausencia jurídica ha causado por mucho tiempo.

En materia de derechos de la niñez, este nuevo código elimina la posibilidad de que se constituya como hogar seguro un bien privativo de uno de los progenitores, lo que pudiera poner en riesgo de dejar sin techo a miles de niños y niñas en nuestro país.

Por último, en materia del cambio del indicador de sexo el artículo tiene un párrafo donde se prohíbe y otro donde se permite; otro ejemplo de la falta de coherencia señalada.

Estos ejemplos denotan un ejercicio poco serio de la función legislativa ante un cuerpo normativo tan importante.

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