Marcia Rivera

Punto de vista

Por Marcia Rivera
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Códigos aprobados por coerción marcan fin de la democracia

El nuevo Código Electoral ha entrado en vigencia por la fuerza de la coerción, no de la razón. Coerción ejercida por una minoría constituida en gobierno, que desoyó los reclamos del 58% de los electores que no votaron por el PNP, así como de miles de personas que no votaron en 2016 y tampoco fueron consultadas.  Coerción que violenta las prácticas democráticas fundamentales que deben regir la administración del sistema electoral, que se considera clave en una sociedad democrática. A menos de cinco meses de las elecciones, se cambian reglas, procedimientos, funciones en la Comisión Estatal de Elecciones, sin ni siquiera tener un presupuesto asegurado para instrumentar los cambios legislados. Se ha generado caos en una institución que arrastra ya un atraso monumental en sus trabajos debido al cierre durante la pandemia.

Entre los partidos de oposición y los conocedores del sistema electoral hay revuelo con la ampliación de las categorías de los elegibles para “voto ausente” y “voto adelantado” porque podrían inducir al fraude. Datos del Instituto de Estadísticas reflejan que entre 2010 y 2017 más de medio millón de personas emigraron a Estados Unidos y en los últimos dos años al menos otras doscientas mil lo hicieron. 

No se sabe con precisión cuántos de ellos están inscritos en el registro electoral de Puerto Rico, pero se calcula pueden sobrepasar los 300,000. Nuestro registro no ha sido debidamente depurado, por lo que se presume que miles de inscritos podrían solicitar el voto ausente. El nuevo Código estipula que se puede votar por correo juramentando que no se encontrará físicamente en Puerto Rico el día de las elecciones.  El nuevo Código establece que, para propósitos electorales, el domicilio es “la última dirección de vivienda, morada o casa de alojamiento informada por el Elector en el Registro General de Electores en torno a la cual el Elector afirma que giran o girarán sus intereses personales, actividades habituales, y regulares”.  Estoy segura de que la inmensa mayoría de quienes se fueron a vivir a Estados Unidos no ha notificado a la CEE su cambio de domicilio.

Otro cambio preocupante en el nuevo Código es la interpretación de las marcas que un elector hace en las papeletas.   La Constitución de Puerto Rico, y las leyes electorales hasta ahora, buscaron siempre asegurar que prevalezca la intención del elector, por lo que se aceptaba una marca en la papeleta, bajo insignia o candidatura, sin importar dónde se hiciese esta. El nuevo Código dispone la anulación de la papeleta si la marca no es hecha dentro de un determinado recuadro. Además, al eliminarse el escrutinio manual, no habrá posibilidad de verificar y asegurar la intención del elector, violentando así la indicación constitucional. Cambia también la manera de contabilizar la franquicia electoral de un partido. Se estipula ahora que deberá obtener más de 2% del voto íntegro bajo su insignia en la papeleta estatal, en vez de contabilizarse con el voto por gobernador(a). Me pregunto quién, cómo y cuándo se hará la capacitación necesaria a funcionarios y a votantes para que entiendan estos cambios, faltando tan poco tiempo para noviembre. 

El Código nuevo también expresa una visión muy particular de sobre cómo debe ejercerse la administración pública en Puerto Rico. Refuerza la presidencia de la CEE como la autoridad ejecutiva y administrativa máxima y elimina el sistema de fiscalización interno, de pesos y contrapesos partidistas, reduciendo la función de los comisionados electorales a meramente hacer recomendaciones administrativas al presidente o requerirle información sobre las operaciones.

El propio Código Electoral aprobado expresa que “ningún evento electoral de impacto general en Puerto Rico se coordina apropiadamente en meses, un año o dos”. ¿Por qué entonces tanta premura y presión sobre la gobernadora para firmarlo y hacerlo efectivo de inmediato? ¿Hay temor en el PNP de perder las elecciones y necesidad de dejar todo amarrado y estructurado para seguir gobernando sin estar en el poder? Así parecería, a juzgar por esta y otras decisiones recientes, como la designación por diez años de la funcionaria de compras del gobierno y la aprobación, también por coerción, del nuevo Código Civil.

Es muy posible que próximamente se apruebe y convierta en ley un nuevo Código Municipal, que comparte la misma visión de fortalecer el poder de alcaldes y alcaldesas y reducir los mecanismos de controlar su gestión.  Con ello, se completaría la tríada política de códigos con que se organizó un sistema de premios y recompensas para buscar que el PNP pueda gobernar por muchos años más y, si perdiera, tuviera sus pilares bien acomodados. Los procesos de generar y aprobar esos tres códigos son responsables del mayor golpe a la ya languideciente democracia puertorriqueña.

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