Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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Cómo destituir a Trump

Las últimas andanadas del presidente Donald Trump contra prestigiosos medios noticiosos de Estados Unidos hace unos días, así como su temperamental modo de manejar sus frustraciones atacando a sus propios servicios de inteligencia, a agencias de seguridad interna, a los tribunales federales y a múltiples consejeros y miembros de su propio gabinete, han puesto a pensar a algunos sobre cuál sería la manera posible de expulsarlo de la presidencia por incapacidad mental para desempeñar su trabajo.

Y no es que piensen que Trump se haya desquiciado de buenas a primeras, pues ya lo estaba desde antes. Él nunca escondió su verdadera naturaleza e incluso se jactaba de ser como era.

Pero se ha liado con medios importantes de la prensa y ya, los que en una época le reían las gracias, han comenzado a poner cara de desconcierto porque no pensaron que llegaría tan lejos. Y es que una sociedad sin una prensa libre y vigorosa, aunque se denomine democrática, solo sería un simple remedo de democracia. Porque entonces los estilos de las acusaciones infundadas a la prensa pasan a ser idénticos a los de una real tiranía, con su propia versión aspaventosa del dictador que dice que no lo es, pero que actúa como si lo fuera. Y ya no sabríamos qué hacer.

La cuestión que confronta la sociedad norteamericana es que la única disposición de la Constitución federal que trata sobre el relevo del presidente de su cargo por incapacidad es la Vigesimoquinta Enmienda, y ésta establece que es al propio presidente a quien corresponde notificarle por escrito al Congreso que no está apto para desempeñar el cargo. Ya lo han hecho dos presidentes debido a incapacidad física temporera. Por incapacidad mental, no es como en el mundo civil, que los parientes o el Gobierno acuden a un tribunal y éste puede ordenar que el loco sea constreñido por camisa de fuerza y llevado a recibir tratamiento psiquiátrico contra su voluntad.

No podemos imaginar a Donald Trump enviándole una carta al Congreso en la que especifique que ha perdido la capacidad mental necesaria para continuar a cargo de los códigos nucleares. Y si se dijera eso de él, lo mismo que cualquier otro ser humano que se trastorna en el camino, negaría que lo está y, lo que es más, diría que son los demás, incluso los de la prensa, quienes han perdido la razón. Por eso, sabiendo lo que saben, los encargados de la inteligencia de su país no le brindan a Trump toda la información que le brindarían a cualquier otro presidente, por temor a que divulgue información sensitiva que ponga en riesgo la “seguridad nacional”.

La otra disposición de la Constitución de Estados Unidos que contempla la destitución del presidente es el artículo II, sección 4, que establece el procedimiento de residenciamiento [acusación por la Cámara de Representantes y juicio por el Senado] por traición, soborno u otros delitos de importancia. A su amparo, el Congreso tendría que hacer una lectura expansiva para afirmar que el texto de la Cláusula de Residenciamiento también abarca la conducta errática que exhibe Trump, asociada a un serio trastorno mental que amenaza la “seguridad nacional” y la estabilidad de la nación.

Además —y quizás más importante aún—, para residenciar al presidente Trump, una mayoría simple de la Cámara de su propio partido tendría que ponerse de acuerdo para presentar los cargos y conseguir dos terceras partes de los votos del Senado para declararlo inhábil. A esto habría que añadir que el Congreso tendría que convencer al Tribunal Supremo federal de que su decisión —la de representantes y senadores— no es revisable por los tribunales porque el Senado, en particular, es el único intérprete de la Cláusula de Residenciamiento de la Constitución, a tenor de su precedente Nixon v. United States (1993). Éste sería un pleito muy interesante, especialmente para los eruditos constitucionalistas. Habría que ver quién le pone el cascabel al gato.

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