Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Cómo enderezar un país al garete

Con un gobierno al garete, incluido un gobernador vacacionando en París, Puerto Rico vive la peor crisis institucional de las últimas décadas.

Se ha perdido el norte -y no es que estuviera muy definido anteriormente- justo cuando más enfocado tendría que estar el gobierno.

Tan perdido está que ni siquiera sabemos qué presupuesto -el del gobernador Ricardo Rosselló Nevares o el de la Junta de Supervisión Fiscal- guiará las operaciones del año fiscal que acaba de empezar.

Bueno, sabemos que el presupuesto “válido” es el de la Junta, respaldado por lo que dicta la ley Promesa, pero en la calle Fortaleza parece que las sombrillas y otros embelecos de la primera dama interfieren las señales y no se enteran de nada.

Pero no es solo el presupuesto, cuyas partidas de gastos irán quedando claras según haya o no haya dinero para financiar los gastos. Ahora también nos enfrentamos a una nueva batalla judicial por las asignaciones alegres y las exenciones a los municipios que la Legislatura ha aprobado a pesar de las objeciones de la Junta Fiscal.

El enfrentamiento, que pudo resolverse administrativamente pero que tendrá que esperar por una sentencia judicial, no es tan mediático como el de la semana pasada con el ahora apestado ex zar de las finanzas públicas Raúl Maldonado y su hijo “Rauli”, lo que no debería hacernos bajar la guardia.

El episodio de las asignaciones indebidas y el presupuesto descuadrado es grave porque, contrario a los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico no permite que el gobierno opere en déficit.

Que no es la primera vez, argumentarán algunos con razón -baste recordar el invento de la “deuda extraconstitucional”-, pero no hay que olvidar que ese es uno de los causantes principales de la crisis fiscal que asola a Puerto Rico desde hace ya varios años.

Entonces, tenemos ahora un nuevo enfrentamiento judicial con la Junta Fiscal, que lleva todas las de ganar en la corte que atiende los casos de Título III de Promesa; un gobernador que se va de paseo mientras está siendo cuestionado por quien hasta el otro día fue su principal funcionario económico; una oposición que prefiere sentarse con popcorn en mano a verlo todo como en el cine, y unas elecciones a la vuelta de la esquina en un país que no se ha recuperado de María y se encuentra justo en medio de otra peligrosa temporada de huracanes.

¿Quo vadis, Puerto Rico? ¿A dónde nos dirigimos en esta hora tan aciaga? ¿Quiénes son los líderes que nos conducen y en quiénes hemos puesto nuestra confianza?

Tenemos que enderezar al país. ¿Cómo?

Hay que comenzar a exigir responsabilidades a diestra y siniestra. Al gobernador para que rinda cuentas —pero de verdad— sobre sus acciones y las de los funcionarios de su administración. A la Legislatura para que deje de perder el tiempo, y nuestro dinero, en pulseos inútiles con el gobernador y con la Junta Fiscal. A la Junta para que sus decisiones dejen de perjudicar al pueblo.

Y a la justicia para que sus representantes hagan cumplir las leyes aplicando eso mismo: justicia. Que de cacerías de brujas hemos tenido suficiente.

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