Juan Lara

Punto de vista

Por Juan Lara
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Cómo esquivar un golpe al fisco

Se ha visto en días recientes que hay urgencia en Washington para ponerle fin a la práctica de permitir que las corporaciones foráneas en Puerto Rico puedan acreditar lo que pagan por el llamado arbitrio de 4% contra su obligación contributiva federal. Esta práctica ha permitido que esas compañías, descendientes de las antiguas corporaciones 936, puedan pasarle gran parte de la carga que representa este impuesto al Tesoro de Estados Unidos.

El impuesto fue creado ocho años atrás en la ya famosa Ley 154 y ha llegado a generar dos mil millones de dólares al año para el fondo general del gobierno de Puerto Rico. En el año fiscal pasado (2018-19), el arbitrio del 4% a las foráneas, como también se le conoce, aportó 18 por ciento de todo lo que se recibió en el fondo general.

La práctica de acreditar el arbitrio contra impuestos federales, que fue una concesión temporera del Tesoro federal, pero sin fecha de expiración definida, constituye en efecto una especie de ayuda financiera no legislada de Estados Unidos a Puerto Rico. Desde hace varios años, las autoridades de Washington les han estado advirtiendo a las autoridades locales que no pueden contar con ese apoyo como si fuera algo permanente.

Ahora parece que ya llegó la hora en que el Tesoro de Estados Unidos tiene que actuar sobre el asunto. En el año 2017, el gobierno de Donald Trump y el Congreso pusieron en vigor una reforma contributiva de gran alcance en Estados Unidos. Entre otras cosas, la reforma contributiva federal introdujo cambios radicales en la forma en que tributan las corporaciones estadounidenses por los ingresos que obtienen a través del mundo entero.

Los cambios a la legislación contributiva de las operaciones corporativas globales son tan trascendentes y complejos que requieren una reglamentación detallada sobre cómo aplicarlos correctamente. Esa reglamentación la tiene que hacer el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (el IRS, por sus siglas en inglés), y ya lleva casi dos años en esa tarea.

Todo parece indicar que el IRS ya está listo para emitir la reglamentación complementaria de la reforma contributiva y es en ese contexto que viene la urgencia de regularizar el trato fiscal federal a la Ley 154. Eso debe ser lo que hay detrás de la información que les ha llegado a los medios en el sentido de que la decisión de ponerle fin a la acreditación del arbitrio podría tomarse tan pronto como en diciembre o enero.

Esto le deja a nuestro gobierno muy poco tiempo para esquivar lo que puede ser un golpe severo al fisco puertorriqueño. Si las empresas se ven obligadas a asimilar el impuesto, en lugar de acreditarlo contra otras contribuciones, es de esperar que tomen medidas para reducir lo que pagan por este concepto. Además, esa carga tributaria cancelaría buena parte de los incentivos contributivos que ahora se les ofrecen a estas compañías bajo la ley de incentivos industriales.

No es fácil sustituir dos mil millones de dólares. No existe la opción de hacerlo con más impuestos a la ciudadanía, especialmente entrando pronto a un año electoral, ni con más recortes en el gasto público, que ya apenas alcanza para cubrir servicios esenciales.

La salida que queda es renegociar los decretos de exención contributiva de las compañías para aumentar las contribuciones por concepto de ganancias y regalías. Estos impuestos tienen la ventaja de que se pueden acreditar en su mayor parte contra contribuciones federales. No será una solución alegre, pero sí razonable y duradera.

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