Yolanda Cordero Nieves

Tribuna Invitada

Por Yolanda Cordero Nieves
💬 0

Cómo gobernar un país y administrar un gobierno

A menudo en Puerto Rico, los afanes, ambiciones e intereses de la política partidista, golpean duramente a nuestra democracia.  Y pocas veces la justicia prevalece.  Por esa razón, la venta de influencias, el clientelismo y los donativos de campaña se convierten en actividades atractivas y lucrativas, en un país sumido en una gran crisis fiscal y económica.

El problema tiene su origen en la convergencia de representantes de tres sectores que, en ocasiones, parecen obviar el interés público ante la posibilidad de obtener beneficios particulares: los funcionarios públicos, los empresarios y los partidos políticos.  Esa convergencia, generalmente ocurre temprano durante los procesos de campaña política donde coinciden personas que interesan ocupar cargos en agencias, otras que interesan obtener contratos y personas que interesan que sus candidatos sean electos.  Es el malsano junte de esos intereses particulares lo que lleva a la corrupción.

Gobernar un país es una gran responsabilidad y también un gran privilegio.  Contrario a la creencia generalizada, cualquiera no puede hacerlo bien.  No basta con poseer inteligencia, una certificación negativa de antecedentes penales y encanto personal.  Esas características ayudan a ganar una elección, pero no a gobernar un país y menos a administrar un gobierno.  También es necesario que posean experiencia, vocación de servicio, y entendimiento de lo que significa privilegiar el interés público sobre el particular.  

Sin embargo, las maquinarias políticas no fomentan estas últimas.  Por el contrario, las sustituyen por la capacidad para levantar fondos.

Ya sabemos que es durante las campañas políticas que se va conformando el gabinete constitucional.  Que algunas empresas e individuos, bajo el manto del partido político, no solo trabajan la estrategia política, sino también la de sus empresas y que esto lo hacen identificando cuáles serán sus candidatos a puestos y apoyándolos (cabildeando) en los procesos de nombramiento.  Ya luego de ser nombrados, los funcionarios que llegan de la mano de los donantes tienen muy claros los intereses que defenderán durante su gestión.

La administración de un gobierno es la mayor responsabilidad que adquiere un gobernador al ser electo.  Es a través de decenas de agencias y miles de empleados que los dineros públicos se convierten en servicios.  Esos servicios le permiten a la sociedad una mayor calidad de vida con más seguridad, mejor educación y mejores servicios de salud.  También esos servicios aseguran la protección de los recursos naturales y el ambiente.  Lograr todo esto no es poca cosa.  Precisamente porque no lo es, los gobernantes necesitan allegar un equipo de profesionales expertos en una gran diversidad de áreas, probados en su capacidad para dirigir a su vez a miles de empleados y, sobre todo, muy claros en su vocación de servicio público y lo que ello representa.

El jefe de agencia y el asesor público que vienen del sector privado cruzan una línea que no es fina, aunque por conveniencia o ignorancia a algunos les parezca así.  Es una gruesa línea que separa lo público de lo privado.  De un lado, el bienestar de la población, del otro el bienestar de una empresa; de un lado invertir en la equidad y la justicia para todo un pueblo, del otro invertir en la riqueza propia y de una empresa.  No es una línea fina, es una línea muy claramente demarcada en nuestra Constitución y en las leyes que reglamentan la conducta de los servidores públicos.  Sin embargo, “las otras promesas de campaña” intercambiadas entre algunos de estos actores hacen ver esa línea tan fina que parecería no existir.  Y se trata de un problema que afecta a los dos partidos principales.

La pregunta obligada es ¿qué podemos hacer para tener un buen gobierno?  La respuesta por supuesto no es simple.  Sin embargo, la experiencia de otros países, estudiada y documentada, sugiere que la transparencia es una de las formas más eficaces de combatir la corrupción.  Pero no es la transparencia que nos han ofrecido la actual y las pasadas administraciones de gobierno, con convenientes limitaciones.  La verdadera transparencia significa abrir los libros, descorrer el velo de la opacidad en las transacciones gubernamentales, prohibir los acuerdos confidenciales con dinero público, entre otros.  La transparencia coloca a los ciudadanos y ciudadanas en primera fila para examinar todo asunto público que sea de su interés.  Dos millones de ojos sobre las acciones gubernamentales son la mejor forma de evitar la corrupción.  A la hora de transparentar la gestión pública, se busca hacer público todo lo que las personas interesan saber sobre el gobierno, pero también toda información que desaliente la corrupción en las transacciones del gobierno.

Gobernar bien a un país y administrar bien un gobierno son aspiraciones ciudadanas legítimas.  Sin embargo, al final del día somos el pueblo los responsables de hacerlo posible.  De exigirle a los partidos políticos una mayor responsabilidad ética y de exigirle a los gobernantes y la legislatura una mayor transparencia sobre la información pública, y un mayor cuidado en los procesos de selección de sus funcionarios públicos.  Mientras nos limitemos a celebrar la victoria de un partido sobre otro, o de un candidato o una candidata sobre otra, los fondos públicos seguirán siendo el botín de unos pocos.  Exijamos verdadera transparencia.

Otras columnas de Yolanda Cordero Nieves

💬Ver 0 comentarios