Carlos E. Ramos

Tribuna Invitada

Por Carlos E. Ramos
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¿Cómo se restauraba lo que no está averiado?

En 1990, una decisión controversial del Tribunal Supremo federal (TSEU) escrita irónicamente por el  juez fenecido, Antonin Scalia, ocasionó un rudo golpe a la libertad de culto. Al juez, católico fervoroso, le preocupaba la inconsistencia del Tribunal al resolver estas controversias. Sin embargo, su visión conservadora sobre el uso de ciertas drogas consideradas ilegales pudo más que su fervor judicial-religioso. Al resolver la legalidad de un despido, el TSEU decide adjudicar si la libertad de culto protege a un indio nativo-americano de consumir peyote “sacramental” en sus ceremonias religiosas.  Privar a esta persona de este derecho equivalía a un “castigo” por sus creencias. El problema era que el uso del peyote estaba tipificado como delito en ese estado. El Tribunal decide, en opinión fragmentada, que una ley de aplicación general y neutral, como deben ser los delitos, no necesariamente violaba la libertad de culto aun cuando ello tuviera el efecto de crearle a la persona una carga sustancial o “castigo’ a su libertad de culto. Un ataque a estas leyes, se analizaría bajo un examen judicial muy deferente con el estado.

La opinión causó conmoción no solo entre los indios nativo-americanos sino también en otros  sectores religiosos por constituir un retroceso a la protección de este derecho fundamental. La presión obligó al Congreso a aprobar en 1994 una ley que “restaurara” el derecho menguado por esta opinión. La ley conocida por sus siglas RFRA, revierte el estado de derecho a la situación previa a la decisión del juez Scalia. Las leyes de esta naturaleza, aunque neutrales y de aplicación general, si crean una carga sustancial en el ejercicio del culto religioso, se presumen inconstitucionales y deben ser analizadas bajo el escrutinio judicial más riguroso.

La protección era aplicable tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y territoriales. Sin embargo, en 1997, otra decisión del Tribunal determina que el Congreso solo puede ordenar dicha restauración al gobierno federal. Esto causó que una serie de estados comenzaran a aprobar leyes estatales para “restaurar" la libertad de culto de la misma forma que lo hacía la ley para protegerse frente a violaciones de parte del gobierno federal.

Tiempo después, en el 2000, el Congreso enmendó RFRA, para atemperarla a lo decidido por el Tribunal Supremo en 1997. Es decir, aplica al gobierno federal pero no a los gobiernos estatales. Curiosamente sin explicación en el récord, el Congreso también decidió incluir en dicha restauración, de forma expresa y sin ambigüedad, al territorio de Puerto Rico. Es decir, la libertad de culto, para  propósitos de esta ley,  ya está “restaurada’ pues somos parte del  gobierno federal.

Por lo tanto, lo que quizás hubiese sido necesario para Puerto Rico entre 1997 y el 2000, es totalmente innecesario desde el año 2000. Los tribunales de Puerto Rico están obligados a utilizar este examen judicial riguroso cuando se violente la libertad de culto. Ahí ha estado la protección de la ley federal que no gozan los estados. Que yo tenga conocimiento no sido necesario utilizarla por persona incluyendo empleado público alguno.  

El P. de la C. 1018, en su primera y última versión, buscaba restaurar lo que no está roto al menos desde el 2000.  La ley RFRA, para beneplácito de la libertad de culto en Puerto Rico, “restauró” el golpe recibido por el TSEU en 1990. Sus proponentes lo sabían. Si insistían en ello, es por desconocimiento o porque su intención verdadera era visibilizar y facilitar la imposición una visión religiosa de la sexualidad humana. A esto último nunca se comprometió el gobierno de turno. El gobernador hizo lo correcto al vetar el proyecto.

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