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Cómplices del discrimen

La indignación que ha despertado en el país la masacre en Orlando -motivada por la homofobia y el odio contra miembros de la comunidad gay y/o por los intereses del terrorismo- debe llevar a los votantes a replantearse a quiénes les confían su voto en las elecciones, y a exigir acciones contundentes a los legisladores desde ahora.

Muchos de los políticos que hoy se indignan y comparten mensajes de condolencias a los familiares de la víctimas en las redes sociales y en comunicados de prensa son los mismos que se oponen a legislar para que todos los miembros de la sociedad tengan igualdad de derechos sin importar su orientación sexual o identidad de género.

La mayoría de esos políticos que, por desgracia, salieron triunfantes en las pasadas primarias, son los mismos que, aun después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dio paso al matrimonio entre personas del mismo sexo, se niegan a legislar para atemperar las leyes de Puerto Rico a esa decisión.

Rossana López, una de las senadoras populares que más votos sacó en las primarias, por ejemplo, fue la que aguó el proyecto 238, aprobado por esta administración para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad sexual, y arrastró los pies con el proyecto para permitir que dos madres lesbianas pudieran adoptar a su hija.

Otra de las senadoras que más voto sacó en primarias, la novoprogresista María Milagros Charbonier, quiere legislar de acuerdo a sus creencias religiosas, y fue la que encabezó a un grupo de legisladores que intentó frenar sin éxito en los tribunales el matrimonio gay.

Estamos hablando de los mismos que se oponen a la educación con perspectiva de género en las escuelas, como el candidato novoprogresista a la gobernación Ricardo Rosselló, y los que usan la orientación sexual de sus contricantes como arma política de campaña.

No podemos olvidar que Rosselló firmó un acuerdo con sectores religiosos conservadores que buscan frenar los derechos de la comunidad gay y la perspectiva de género. El candidato popular la gobernación, David Bernier, dice respetar los derechos de todos por igual, pero no es claro en sus expresiones. Es hora de que hable de manera clara.

En eso hay que reconocer a la candidata independentista María de Lourdes Santiago, al candidato del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe, y a los candidatos independientes Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre, quienes han expresado su compromiso con la equidad, y se han apartado de los discursos de odio y exclusión.

Si Puerto Rico quiere llamarse sociedad, si Puerto Rico quiere ser un País del Primer Mundo, si Puerto Rico quiere ser democrático, las personas LGBTT tienen que tener todos sus derechos.

Eso es lo que distingue a un país civilizado - un país donde todo el mundo es tratado igual, donde se respeta la diversidad, donde se celebra a cada uno de sus habitantes a base de sus contribuciones y no de su intimidad.

Puerto Rico no puede dar marcha atrás, como pretenden algunos, en materia de derechos humanos. Todo lo contrario, tiene que seguir adelante. Tiene que convertirse en el faro de esperanza en un Caribe que recién despierta a la realidad de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales siempre han sido parte de nuestros pueblos. Lo único es que al fin los empezamos a reconocer como los seres humanos que siempre han sido. Ni más, ni menos, iguales.

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