Jesús M. Rivera Delgado

Punto de vista

Por Jesús M. Rivera Delgado
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Compromiso firme con los derechos civiles

Muchas veces cuando pensamos en una persona acusada de delito nos viene a la mente el imaginario de los buenos versus los malos, en el que los acusadores son los buenos y el rol de la justicia es castigar a los malos. En la vida real no es así. Una persona puede ser acusada de delito simplemente con que alguien levante una acusación en su contra y la Policía le crea. Se activa la maquinaria del poder del Estado para conseguir que la persona acusada sea castigada. Eso le puede pasar a cualquiera, ser culpable o inocente, lo cual es un asunto de derechos humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce a toda persona el derecho a la vida y a la libertad. La persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia y un juicio público en el que se aseguren las garantías para su defensa. Las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos confieren el derecho a asistencia legal adecuada a toda persona acusada en un proceso penal. Este derecho implica una representación de excelencia, independientemente de si la persona cuenta con recursos para pagar su defensa. En demasiadas ocasiones los derechos se quedan en el papel y en la práctica no son efectivos. En Puerto Rico, el derecho a una representación legal de excelencia a indigentes se hace efectivo gracias a la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

El 25 de febrero de 1955 nueve ciudadanos suscribieron los “Artículos de Incorporación de la Sociedad para Asistencia Legal”. Su propósito es “…promover la justicia para los insolventes económicos, facilitándoles servicios de abogado para garantizar la igual protección de las leyes y alentar la fe en la justicia”. Por más de sesenta años, la SAL ha cumplido fielmente este propósito, salvaguardando los derechos humanos de las personas indigentes acusadas de delitos.

Uno de los activos principales de la SAL es qser una corporación privada sin fines de lucro, completamente apolítica, lo cual garantiza su imparcialidad, pues el Estado arresta a las personas a través las agencias del orden público, las acusa a través del Departamento de Justicia y las juzga a través del poder judicial. Su independencia hace la SAL la mejor opción para la defensa de los derechos humanos de los acusados. La reciente decisión en Sánchez Valle se produce en este contexto, pues los argumentos de la SAL fueron salvaguardando los derechos de su cliente.

A pesar de lo antipático que puede ser defender a personas acusadas de delitos, los abogados y abogadas, así como el personal de apoyo de la SAL, consistentemente han demostrado un compromiso inquebrantable con su clientela. En un país donde hacen falta paradigmas correctos, el largo historial de la SAL en defensa de los derechos humanos constituye el modelo a seguir.

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