Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Condado: el gobierno y la seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana no es un juego. El gobierno, tanto a nivel estatal como municipal, tienen el deber legal y moral de proteger vida y hacienda, una responsabilidad que puede compartirse, pero nunca soslayarse.

Ponerse de pico a pico con el opositor político reclamándole al otro que haga lo que el primero no está dispuesto a hacer es irresponsable y le falta al compromiso adquirido en las urnas.

El caso de la seguridad ciudadana en el área del Condado ha acaparado portadas y amplias discusiones públicas en días recientes, pero más que soluciones de quienes tienen la obligación de proveerlas, hemos tenido que presenciar un tirijala partidista que no resuelve nada.

La movilización de los residentes y comerciantes del Condado, quienes hartos de la incidencia criminal han llegado al punto de preferir pagar guardias privados para la extensa zona que abarca desde el puente Dos Hermanos hasta la playita de Ocean Park, tendría que darle vergüenza a los gobernantes, cuya incapacidad para atender sus reclamos ha llevado a una comunidad tan vital para el turismo a actuar por cuenta propia.

Veamos primeramente la reacción del gobierno central.

¿Cómo es posible que el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el responsable designado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para velar por la seguridad de los ciudadanos, pretenda endilgarle esa tarea enorme al municipio de San Juan, específicamente a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz?

No eximimos a la alcaldesa de su responsabilidad vicaria por el bienestar de los residentes de la capital, pero en asuntos de seguridad pública, los municipios deben estar llamados a colaborar, a apoyar, a auxiliar al Estado, no a sustituirlo.

Ningún municipio, no solo San Juan que tiene una alcaldesa electa por el Partido Popular Democrático, sino todos, populares y penepés, puede echarse sobre los hombros tamaña responsabilidad.

El gobernador es el comandante en jefe de la Policía y la Policía es el organismo del Estado llamado a velar por la seguridad de los ciudadanos, lo que no significa que no reclame o reciba la colaboración municipal y de los propios ciudadanos. Pero se trata de una responsabilidad constitucional e irrenunciable.

En cuanto a los municipios, parece obvio que pueden hacer algo más de lo que hacen, aun a pesar de la falta de fondos de la que responsabilizan casi siempre al gobierno central.

En Miramar, vecina al Condado, la Policía Municipal mantiene un cuartel ambulante que se estableció hace unos años justamente para atender una creciente incidencia criminal en la zona. ¿Cuán efectivo ha sido ese proyecto? Analizarlo a fondo podría ser un buen punto de partida.

Lo que no es aceptable es el millaje político que quieren sacarle unos y otros a los problemas serios que tienen las comunidades, como lo que ocurre actualmente en el Condado.

Y qué bien que la Autoridad de Energía Eléctrica, tan pronto los vecinos tomaron acción directa para colocar letreros de tránsito y comprar semáforos, corrió esta semana a reparar las luminarias averiadas por el huracán María hace un año.

Y qué bien que el gobernador Rosselló Nevares, más allá de culpar a la alcaldesa por la actividad criminal, haya quedado comprometido con su visita a la zona a atender la situación de la seguridad vecinal.

Y qué bien que la alcaldesa Cruz haya prometido sacar a subasta la compra e instalación de luminarias de jurisdicción municipal, que la AEE ofreció instalar.

Lo que nos parece mal, muy mal, es que las cosas tengan que llegar a estos extremos para conseguir la atención del gobierno. Y que esa mala costumbre de los gobernantes de arrastrar los pies (menos cuando están en campaña) haya hecho que los ciudadanos recelen y, como los vecinos del Condado, prefieran tomar acción por cuenta propia antes que confiar en las promesas huecas de quienes los defraudan. 

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