Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Con Dios y con el diablo la mayoría parlamentaria

L a inmadurez de muchos legisladores se ha puesto de manifiesto una vez más con la aprobación de proyectos encontrados en torno a la cacareada reforma del sistema judicial de menores.

Es como si quisieran estar con Dios y con el diablo, obviando establecer criterios claros sobre la edad mínima para que un menor pueda ser juzgado en un tribunal.

Es inconcebible que luego de tanta argumentación sobre si debe o no haber una edad mínima para juzgar a un menor por determinados delitos, la mayoría legislativa decidiera aprobar versiones contradictorias y pasarle la papa caliente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que sea este quien escoja cuál convertir en ley.

Debemos observar que el gobernador Rosselló Nevares, que acaba de ser padre por segunda ocasión y debe estar muy sensibilizado por esta responsabilidad, tendría que sopesar las circunstancias de la gran mayoría de los niños en Puerto Rico, cuya realidad es la de una sociedad desigual que no les ofrece a aquellos que provienen de clases económicas menos favorecidas las mismas oportunidades que a los demás.

No es lo mismo criarse en un ambiente hostil de desigualdad y pobreza que desarrollarse con oportunidades educativas y económicas. Habría que preguntarse si en el entorno del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, no hay niños que podrían verse afectados algún día por la legislación que él propone, que es la que no establece edad mínima para que un menor pueda ser detenido, esposado y llevado a los tribunales como sospechoso de delito.

Uno se pregunta cómo es posible, en pleno siglo XXI, que niños en la escuela que se dén un empujón puedan terminar en la cárcel. Como si cualquier adulto no recordara algún encontronazo con un compañerito durante sus años escolares, sin que el asunto pasara más allá de una reprimenda del maestro o de los padres.

En tanto, la legislación que propulsa el senador independiente José Vargas Vidot no es tan punitiva como la de Méndez. El proyecto del salubrista Vargas Vidot establece una edad mínima, los 13 años, para que un menor pueda ser juzgado en un tribunal de menores.

Es cuestionable que la Legislatura no haya llevado a vistas públicas estas medidas y que se hiciera caso omiso al consejo de expertos en conducta humana, específicamente de niños y adolescentes.

Casos actuales se relacionan con estudiantes de escuela pública, lo que plantea la posibilidad de discriminación contra menores provenientes de hogares con recursos económicos limitados.

Todo esto deben tenerlo en cuenta el gobernador y sus asesores al analizar los proyectos aprobados por las cámaras, de manera que se dé paso a la legislación más justa para los menores, que lo que necesitan es un sistema que abone a la rehabilitación temprana y no al castigo.

Es lamentable que muchos legisladores no tuvieran el valor de asumir la posición correcta y prefirieran ser ambiguos y contradictorios al darle su aval a versiones encontradas. Como Pilatos, se lavaron las manos.

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