Ricardo Santos Ramos

Tribuna Invitada

Por Ricardo Santos Ramos
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Con el apagón se acerca la privatización

El colapso del sistema eléctrico ocurrido el pasado miércoles pone al descubierto el descalabro administrativo que se vive en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La UTIER ha denunciado consistentemente ese descalabro al que muy poco caso le han hecho los que ostentan el poder para poder cambiar esa realidad. Nuestros trabajadores llevan sobre sus hombros el mayor peso y las peores consecuencias porque están allí dentro y conocen de cerca todo lo que pasa, y van viendo y sintiendo cómo se desmantela nuestra primera industria poco a poco.

Dejan al descuido la flota de vehículos, dejan deteriorar el sistema de comunicación interno, no proveen el equipo de seguridad necesario, descuidan al extremo el mantenimiento de líneas de transmisión y centrales generatrices, eliminan la licencia por accidentes y recortan la del FSE, reducen la empleomanía con congelación de plazas y retiros tempranos, chantajean a los empleados, buscan entregar a manos privadas el centro de llamadas por teléfono donde se reportan las querellas ciudadanas, escasean los materiales para ir inhabilitando a nuestros trabajadores y por ende se va descuidando el servicio a la ciudadanía.

La AEE es además la corporación eléctrica de la jurisdicción de Estados Unidos con mayor índice de incidencias de lesiones y enfermedades ocupacionales registradas en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) (13.6), cinco veces mayor al promedio. Ese hecho fue comprobado por la firma DuPont, contratada por la propia AEE.

Todo lo anterior ha tenido el efecto real de un descalabro administrativo. El apagón que hemos sufrido ha sido su mayor manifestación hasta ahora. Podríamos decir que a ese descalabro administrativo, como una tormenta perfecta, se ha unido toda una serie de factores para destruir la principal industria de Puerto Rico que aún permanece como un empresa pública; algo de lo que se quiere deshacer el gobierno. Y veamos por qué.

Ciertamente la politiquería de los dos partidos principales que nos han gobernado, Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista, hicieron de esta empresa su principal fuente de ingreso, creando estructuras políticas para recolectar dinero de empleados y subcontratistas, creando las condiciones para el descalabro que vivimos hoy. 

Agotado el margen prestatario de Puerto Rico y de la AEE, los buitres que siempre han pretendido apoderarse de las áreas más rentables de esta empresa pública, como lo es la producción de energía y las operaciones comerciales, pusieron un plan de privatización de la AEE. En la UTIER hemos venido señalando consistentemente cada uno de los pasos de ese plan, pero ha caído en oídos sordos. Ahora que surgió el apagón masivo, los que han ido desarrollando ese plan prometen que buscarán explicaciones. Siéntese que de pie se va a cansar. O prepárese para las excusas de siempre. Peor aún, espere el aceleramiento del plan que a fin de cuentas es lo que buscan: la excusa para acelerar la privatización parcial.

El plan es sencillo, consta de tres pasos

Primero: inhabilitar a los empleados para que no puedan prestar un servicio de excelencia. Eso lo consiguen frenando el reclutamiento del personal necesario, disminuyendo el mantenimiento sistemático de los equipos, reduciendo la compra de equipos y materiales, desmoralizando los trabajadores, quitándole derechos de convenio y provocando la jubilación temprana del personal más diestro y experimentado.

Segundo: desacreditando ante el pueblo a la corporación pública. Vimos cómo en los pasados años el presidente del Senado, Eduardo Bathia, encabezó una campaña pública, junto a sectores privados, para demonizar a la AEE y a sus empleados. No se empeñó en fortalecer la empresa como un bien público para ponerla en mejores manos con una visión pública de excelencia para desarrollarla como el mejor haber para el desarrollo de este pueblo y de su gente. Prefirió desatar una campaña de quejas sobre el servicio y el costo de la energía, aun cuando ya es sabido que sistemas eléctricos independientes como el nuestro, por ser una Isla, no se pueden comparar con sistemas interconectados que cuando fallan puede reconectarse con otros y seguir funcionando.

Es por eso mismo que en el caso nuestro necesitamos que nuestro sistema eléctrico tenga permanentemente un mantenimiento que pueda evitar lo que hoy estamos pasando. Pero no, ahora esperen seguir escuchando a los mismos politiqueros que llevaron a la AEE al descalabro administrativo, presentándose como salvadores del pueblo en contra de la AEE como empresa pública.

Tercero: ejecutar la privatización por sectores. Este proceso, por razones políticas y económicas, se presenta como un modelo de privatización distinto al utilizado con la Telefónica.

En la AEE los bonistas nombraron a Lisa Donahue como síndico liquidador que asegure sus intereses y distribuya las operaciones de la AEE en distintas compañías privadas que garanticen el cobro de sus inversiones, creando a su vez nuevas fuentes de ganancias. De paso, Donahue va implementando con su ejecutoria el modelo privado. Ese proceso, timoneado por Donahue, va caminando paralelo a la incertidumbre sobre el futuro en esa agencia que vive tanto el personal gerencial intermedio como el unionado. Hace meses que el propio director ejecutivo de la AEE viene anunciando el segundo éxodo masivo de empleados que se anticipa que ocurra el próximo año. 

Esa estrategia no es nueva. Esos son los mismos métodos utilizados en otros países donde los empresarios privados despojan a los pueblos, con la ayuda del gobierno, de sus industrias principales como la electricidad, comunicaciones, minería, petróleo, salud, etcétera.

Este apagón que hemos sufrido le causará al pueblo perdidas económicas millonarias, mientras los accidentes laborales ocurridos le causan a los trabajadores y sus familias sufrimiento, dolor y miseria. 

Sin embargo, la suma de esos males, si resulta en la privatización de la AEE como se proponen, le creará al pueblo de Puerto Rico mayores pérdidas económicas, aumento sistemático en la factura de electricidad, mayor pérdida de derechos para los trabajadores y la pérdida del control de la producción de energía eléctrica por parte del Estado. Es decir, un país cada vez en menos control de las industrias esenciales para su desarrollo. Una Isla cada vez más dependiente, mal que nos ha impedido prosperar. 

En la UTIER afirmamos que la energía eléctrica es un derecho de la humanidad y como tal tiene que estar en manos del Estado para que este garantice su acceso a toda la población al menor costo posible. Porque en manos privadas no podemos olvidar que la finalidad será la ganancia y como tal será explotada en perjuicio del pueblo. No olvidemos que en el mundo hay gente que aún vive sin el servicio eléctrico, especialmente si es privado, porque simplemente no lo pueden pagar. Por eso nos reafirmamos en que la solución sigue estando un servicio eléctrico público de excelencia, bien administrado y al menor costo posible.

Estas noches de apagón las estrellas se verán más brillantes. Hagamos que nuestros pensamientos y objetivos como pueblo se vean y sientan con la misma brillantez. Aprovechemos la crisis para rescatar nuestro patrimonio eléctrico, eje principal de nuestro desarrollo como pueblo. 

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