Milagros Rivera Watterson

Punto de vista

Por Milagros Rivera Watterson
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Confinados: qué hacer mientras se toma una decisión

La Administración de Corrección y Rehabilitación lleva semanas recibiendo peticiones de que se liberen confinados como un medio para evitar que esta población se contamine con COVID-19. Basan esta petición en la premisa de que los confinados corren más riesgo de contraer el virus que la población en general, ya que la convivencia en estructuras físicas cerradas es mayor.

La realidad es que en nuestras instituciones penales, contrario a lo que acontece en los Estados Unidos, no hay hacinamiento. Dado que en los últimos años se han cerrado ocho instituciones y el número de confinados se ha reducido a 8,500, el porciento actual de ocupación de las instituciones es solo el 70%. Por eso es que, como medida de distanciamiento social, se ha establecido que en las instituciones de varones donde había dos confinados por celda hoy hay uno. Esto quiere decir que de surgir algún caso positivo, tienen espacio suficiente para aislarlo y evitar el contagio. Además, tienen un hospital penal para ofrecer tratamiento con cuartos donde atender cualquier situación.

Estamos conscientes del movimiento para solicitar la excarcelación de confinados que estén cumpliendo por pensiones alimenticias, mayores de 65 años con condiciones de salud crónicas y aquellos próximos a cumplir sus condenas. Muchos de ellos podrían salir en libertad bajo palabra, con grillete o beneficiarse por una restricción domiciliaria. 

A fin de atender esta petición, la Administración de Corrección y Rehabilitación citó a personal con funciones de Oficiales Sociopenales para que hicieran una evaluación de los expedientes de confinados de seguridad mínima y mediana, los pusieran al día, les aplicaran las bonificaciones correspondientes y que a aquellos que cualificaran se les hiciera el informe social correspondiente para someter el caso a la Oficina de Libertad bajo Palabra. Por partes de prensa nos hemos enterado de que hay unos 350 casos sometidos a la Junta de Libertad bajo Palabra. 

Es conocido que la Junta hace mucho tiempo tiene casos atrasados, así que no sabemos cómo podrá atender la avalancha de solicitudes. La administración cumplió con su plan de trabajo y la bola está en la cancha de la Junta. También en virtud de la revisión de casos efectuada por los oficiales sociopenales, se han referido casos para que se proceda con clemencia ejecutiva, que están bajo la atención de la honorable gobernadora Wanda Vázquez. Tenemos entendido además que otros confinados podrían ser candidatos a salir en libertad con uso de grillete o libertad domiciliaria.

Mientras todo eso se resuelve, queda una población cautiva que sufre una cuarentena magnificada porque están confinados y tienen aislamiento casi total de su familia, porque pueden comunicarse por teléfono solo dos veces a la semana usando el servicio gratuito institucional que, además, es muy limitado en tiempo. 

Como se han suspendido las visitas, los familiares no pueden llevarle a los confinados paquetes con artículos de primera necesidad como es usual. Además, debido a que las comisarías tienen problemas de suplido y los familiares tampoco pueden depositar en estas porque no tienen boletas, los confinados no tienen forma de llenar estas necesidades. Para los confinados de nuevo ingreso la situación se complica más, porque como no hay visitas, este servicio no lo tienen disponible.

Debemos reconocer que los confinados están sujetos, como nosotros, al bombardeo de información acerca de los efectos del COVID-19, sin entretenimiento ni actividades. Muchos de ellos pueden tener, dado que no entran drogas a los penales, los efectos del síndrome de retirada. El propio sistema reconoce en el perfil que publica de la población penal que el 62% son adictos a drogas. Ante esta realidad nos preguntamos qué atención sicológica se le está dando a esta población que sufre un aislamiento social extremo.

A todos nos preocupa que la población confinada sea víctima de este virus y aunque la administración tenga un buen protocolo, a los confinados, sus familiares y grupos defensores de sus derechos les preocupa la posibilidad de una epidemia. Recomendamos por lo tanto que, en lo que se ven los casos para posible excarcelación, la administración proceda a hacerle la prueba de COVID- 19 a toda la población penal. También recomendamos que se ofrezcan servicios de trabajo social, sicológicos y psiquiátricos para atender las necesidades de esta población antes de que surjan condiciones inmanejables. 

Los confinados son seres humanos y están sujetos a elementos estresores que, bajo la condición de confinamiento, tienen efectos mayores. Así, en lo que deciden posibles excarcelaciones ofrezcan la atención que estos necesitan. Evitemos daños mayores y hagamos algo en lo que se toma una decisión.

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