Pedro Reina Pérez

Punto de vista

Por Pedro Reina Pérez
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Con la ciudadanía todo, sin ella, nada

Cuesta creer que la administración pública en Puerto Rico, en medio de una crisis mundial inédita, vuelva a encontrarse sumida en su propia impudicia. Denuncias de la abortada compra de pruebas rápidas de COVID-19 a una compañía sin experiencia, por parte de la rama ejecutiva, resuenan con ecos muy familiares a los del escándalo de Whitefish tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017. Los elementos constitutivos del escándalo son los mismos: una transacción relámpago por un altísimo monto, con agentes pobremente cualificados para completar la entrega del bien o el servicio adquirido y unos empresarios prestos a disfrutar una abultada ganancia por su aparente lealtad partidista. Sin ambages, sin explicaciones y sin transparencia. Otro amago de engaño en momentos de mucha fragilidad. Mientras tanto, la gente vive con miedo ante el contagio por la pandemia, al tiempo que se acaparan alimentos y medicinas por temor a la escasez provocada por las medidas implementadas por la gobernadora Wanda Vázquez.

Comparto las reservas sobre la legalidad de la legislación aprobada de prisa para persuadir por la vía punitiva a los ciudadanos para que regulen sus actividades privadas y públicas. No obstante, comprendo y secundo el imperativo moral de modificar conductas en la ciudadanía de manera dialógica para contener los daños a la salud pública, si no se toma en serio esta emergencia. Sin embargo, esto no se consigue amenazando e intimidando a las personas con penas exorbitantes de multa y cárcel, como si esos castigos fueran suficientes para reducir a las personas a la obediencia. La razón es sencilla: no existe confianza en el gobierno, porque sus acciones despiertan duda y suspicacia. 

Tomemos por ejemplo la preocupación expresada por el aglomeramiento de gente en los supermercados el fin de semana pasado. Si ese era el caso ¿por qué no se ensayaron otros medios que no fueran el cierre total por tres días de dichos comercios en ocasión de la pascua cristiana? Con esta torpe acción se produjo un resultado aun peor: que la gente —inducida por el miedo a la escasez de alimentos— acudiera en cantidades todavía mayores a los supermercados, multiplicando el peligro de contagio. 

Los boricuas conocen el abandono del gobierno porque lo han vivido repetidamente. Sucesivos traumas en los pasados tres años lo han mantenido latente. Pero eso no quiere decir que no sean susceptibles a mensajes claros y coherentes, diseñados de manera inclusiva con la participación de todas las partes. ¿Por qué no se integra a los comerciantes en el diseño de medidas para organizar el flujo a las tiendas? Muchas empresas han implementado medidas efectivas en sus locales para preservar la distancia individual y reducir los tiempos de espera—incluso hacen entregas al hogar. ¿Por qué se les ignora a la hora de diseñar política pública? La respuesta sospecho que es igual de sencilla: el gobierno no confía en la ciudadanía ni en el sector privado. Por eso prefiere la ley del mollero y no de la persuasión. Si esto no cambia, la salud de todos seguirá en riesgo.


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