Jorge M. Cañellas

La Opinión experta

Por Jorge M. Cañellas
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Continúa la saga para la eliminación del impuesto al inventario

Si algo dejó claro el huracán María, fue la necesidad de derogar la contribución sobre la propiedad mueble relacionada al inventario, no solo como medida de justicia contributiva, sino para proteger a los puertorriqueños contra una nueva escasez de alimentos provocada por otra emergencia local o catástrofe internacional. 

Tanto el gobierno central como los comerciantes que han abogado por muchos años por la eliminación de este impuesto están de acuerdo en dicha derogación, pero hay un pequeño detalle. Esta contribución, cuya tasa ha sido aumentada de forma desmedida por los municipios en las últimas décadas, obligando a los comerciantes a mantener inventarios mínimos, recauda unos $200 millones al año y no puede ser eliminada sin que de alguna manera se compense con otros ingresos o mejor aún, con una reducción en el gasto operacional de los municipios. 

Por falta de propuestas no se ha pecado, pero muchas van dirigidas a sustituir este impuesto con otro y esto no es aceptable. Entre estas propuestas está la de aumentar la patente municipal recogida en el Proyecto de la Cámara 1411 radicado el 25 de enero de 2018, aumentar el recaudo de la contribución sobre propiedad inmueble mediante una retasación, aumentar el IVU un 1% o cambiar la tributación del inventario por una contribución sobre el promedio mensual del costo de venta sobre los bienes vendidos. 

¿Y la reducción del gasto y malgasto de los municipios, por qué no se menciona? 

Aparte de la corrupción municipal que ha existido en algunos municipios, causada por manzanas podridas que laboraron en algunos de ellos, sabemos de las obras de grandeza que duermen el sueño de los justos, donde millones de dólares se han invertido y yacen hoy día incompletas, tales como coliseos y estatuas. 

Pero aparte de estas atrocidades, la realidad es que Puerto Rico no necesita 78 estructuras municipales operacionales. Bajo La Ley Federal de Inversión en la Fuerza Laboral, “Workforce Investment Act”, WIA, por sus siglas en inglés, los municipios se han consolidado en 15 consorcios para administrar los fondos multimillonarios que se reciben, administran  y reparten, donde municipios PNP y PPD trabajan mano a mano, les guste o no les guste, para llevar  a cabo sus funciones. 

¿Y por qué en Puerto Rico no se pueden administrar los 78 municipios utilizando 15 estructuras municipales?

Llamémoslos condados o como se les quiera llamar, a mí que me prueben por qué municipios como Florida, Las Marías y Maricao, que entre los tres no llegan a 30,000 habitantes, necesitan cada uno un jefe de compras, un contralor, un director de recursos humanos, un jefe de patente municipal, un jefe de seguridad, etc., etc. y un sinnúmero de asistentes para poder llevar a cabo las funciones que sus jefes deberían desempeñar.

Pero no, pensar en reducir costos de esta manera es “inhumano”, sobre todo en un año eleccionario. 

¿Y qué otras propuestas han surgido del gobierno?

Pues la legislatura, sin consultar a los gremios del comercio, presentó el 12 de noviembre de 2019 el Proyecto de la Cámara 2336 como sustituto al Proyecto de la Cámara 1411, que hubiera subido la patente municipal de ser aprobado.Pero este proyecto propone un camino tortuoso, fallido y burocrático como solución al problema. 

El nuevo proyecto mantendría la contribución a la tasa del año 2019-2020 utilizada en la planilla del 2019, pero limitaría el impuesto sobre el inventario a un máximo del promedio de los últimos tres años, y esta fórmula se utilizará para los próximos 5 años, cuando un Comité Evaluador, compuesto por 7 miembros del gobierno, “evaluará los mecanismos que resuelvan finalmente la sustitución al impuesto del inventario”, concluye el proyecto. 

¿Y qué pasará si no se resuelve en 5 años? Pues el mecanismo se renovaría otros 5 años. 

Reconocemos que la Sección 204(a)(2)(a) de la Ley Promesa requiere que cualquier ley aprobada debe ser presentada a la Junta de Supervisión con un estimado de costos y certificado de cumplimiento con el Plan Fiscal. 

Pero eso no es razón para que no se busque una solución satisfactoria a este impuesto.

El Proyecto de la Cámara 2336 debe ser descartado de plano y el gobierno a lo mínimo debe aprobar una eliminación paulatina inmediata del impuesto a través de 5 o 10 años, compensada con ahorros provenientes de reducciones en el gasto municipal y alguna redistribución o asignación legislativa de ser necesario. 

Los tiempos de jugar a que hago y no hago nada ya pasaron. Dos años tuvo el gobierno de turno para resolver este asunto y nos ha fallado malamente hasta ahora.   


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