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Por El Nuevo Día
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Contra la resignación

Si las casas acreditadoras degradan los bonos del Gobierno a chatarra, algunos aprovecharán para declarar Puerto Rico entero un país chatarra. Parecería que todo el país es culpable de la crisis y que ahora debe aceptar el castigo correspondiente. Se nos desmoraliza para que aceptemos cualquier medida que se nos quiera imponer, a nombre de cumplir con los bonistas. Esto ocurre en muchos países desde 2008: se pretende culpar y hacer pagar al pueblo por los desastres generados por el gran capital. Rescatar la esperanza empieza por rechazar ese discurso.

La crisis fiscal no es cosecha de un día. Se ha cultivado desde hace décadas. La política económica del Gobierno durante 70 años ha sido la atracción de capital externo a través de la exención contributiva.

Los resultados son: una economía fragmentada, desconectada de nuestras necesidades (basta recordar la destrucción de la agricultura); economía de la cual se fugan $35,000 millones anualmente e incapaz de emplear a su fuerza laboral, y un gobierno que carece de recursos y que, por lo mismo, se endeuda cada vez más. Aislar la crisis fiscal del problema económico más amplio es seguir por un callejón sin salida.

La política que las casas cualificadoras transmiten al Gobierno es parte de la tendencia autodestructiva de los mercados financieros, tendencia que ya nos ha regalado la crisis global que estalló en 2008. El pago a los bonistas depende del ingreso del Gobierno que depende, a su vez, del crecimiento económico. Pero la presión de las casas cualificadoras empuja al Gobierno a tomar medidas de austeridad que tienen un efecto depresivo, lo cual hace más difícil pagar la deuda. Los bonistas están estrangulando a Puerto Rico y, a la larga, se van a estrangular a sí mismos. Tiene razón el legislador popular que ha señalado que el Gobierno debe empezar a renegociar la deuda, en lugar de llevar al país a la miseria. Incluso a los bonistas les conviene que Puerto Rico no vaya a la bancarrota. Le faltó decir que el Partido del Pueblo Trabajador ha hecho este señalamiento desde 2012.

Pero eso no basta: hace falta un proyecto de reconstrucción con el objetivo de dotarnos de una economía más integrada, con dinámica propia, sostenible y sustentable, acorde con nuestra localización, geografía y necesidades. Se trata de una transformación tan radical o más que la posterior a 1945. Exige que el excedente que se genera aquí, se reinvierta aquí. Exige un aumento de la propiedad pública y cooperativa y de la planificación: lo opuesto de las políticas privatizadoras que nos han traído a la crisis actual.

Hay que hacer un planteamiento enérgico al Gobierno federal: la situación actual no conviene ni a Puerto Rico ni al pueblo trabajador de Estados Unidos, que carga con el costo de subsidiar una economía que no funciona. Conviene al pueblo trabajador de Puerto Rico y de Estados Unidos que la isla adquiera una base productiva capaz de funcionar adecuadamente, sin necesidad de muletas que la ayuden a seguir cojeando.

Diseñemos entonces tal programa de reconstrucción. ¿Tendrá acogida tal programa en Washington? No sabemos. Pero es nuestro deber formularlo y exigir su adopción. Si no encontramos apoyo arriba, busquémoslo abajo, en movimientos afines del pueblo trabajador de Estados Unidos. Al fin y al cabo, ¿qué necesita dicho pueblo sino un programa de reconstrucción que ponga el bienestar social sobre las ganancias privadas? ¿Propuestas radicales? Sí: la profundidad de la crisis impone esas y otras respuestas audaces.

Todo indica que el Gobierno es incapaz de asumir tal tarea. Su respuesta a la crisis es privatizar y atacar al pueblo trabajador. Para cambiar necesitamos nuevos partidos. Eso tomará más de un día: el primer paso es rechazar el intento de hacernos sentir como chatarra y de culparnos por una crisis hija de políticas impuestas por los dueños de la economía y la política del país y no por el pueblo trabajador.

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