Emilio Nieves Torres

Tribuna invitada

Por Emilio Nieves Torres
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Contratos: raíz de la crisis en Educación

Desde que el gobernador Ricardo Rosselló nombró a una secretaria de Educación mediante contrato, se abrió la puerta para utilizar los contratos como la mejor vía para enriquecerse. El nombramiento y la confirmación de Julia Keleher mediante un contrato con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) por un salario anual de $250,000, inició en el pueblo un sentimiento de injusticia y desconfianza en medio de una crisis fiscal. Además, era un mensaje de que el servicio público de jefes de agencia está sujeto a cuánto ganan.

Escuchar a la fiscal federal afirmar que Julia Keleher “presionó para otorgar contratos”, confirma el proceder de la contratada de tomar decisiones para favorecer a contratistas, no a la educación pública.

El perfil de Julia Beatrice Keleher fue actuar al margen de las reglas, normas y leyes que rigen al Departamento de Educación. El retraso en el proceso de reabrir escuelas luego del huracán María, el intento de privatizar cientos de escuelas, incluir en informes de FEMA reparaciones en escuelas que no tenían que ver con los efectos del huracán, la imposición del cierre de escuelas, amenazar con retener salarios de maestros, nombramientos sin respetar el registro de elegibles, irregularidades en el proceso de contratos y subastas, la centralización de los nombramientos, son algunos ejemplos de este perfil.

Las acusaciones del Tribunal Federal contra Keleher tienen que ver con fraude, robo y conspiración. Esto contrasta con el esfuerzo que todos los días se realiza en las escuelas públicas para construir una sociedad libre de fraude, robo y conspiración. Educamos para seguir las normas, respetar las leyes, practicar la honestidad y la transparencia.

Es repudiable que los fondos destinados al servicio educativo se desvíen a diversos contratos para enriquecer a personas y compañías privadas. Muchas de estas compañías llevan años viviendo de propuestas y contratos para tener acceso a fondos federales. Otras se registran en el Departamento de Estado luego que gana un partido las elecciones.

El caso de BDO consiste en utilizar personal vinculado al partido que toman decisiones sobre el funcionamiento de la agencia, como el cierre de escuelas, y consiguen contratos y enriquecimiento personal de forma ilegal. Ante esta situación, es indispensable cancelar todos los contratos que no afecten servicios directos al estudiante. No se puede continuar con la otorgación de contratos a compañías privadas que tienen como objetivo principal enriquecerse con los fondos estatales y federales.

En las circunstancias actuales los fondos federales para educación están nuevamente en peligro. Pero los más preocupados son los contratistas que son los principales beneficiarios de esos fondos federales. Por eso es imperativo un informe público y detallado sobre el uso de los $1,500 millones de fondos federales que recibe anualmente el Departamento de Educación. Hay que evaluar cuánto de esos fondos llegan al salón de clases y cuánto se queda en ganancias para las compañías privadas. Además, hay que evaluar si esos contratos son necesarios o se garantiza el servicio con los propios empleados del Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico. El momento exige una verdadera transformación en Educación.

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miércoles, 10 de julio de 2019

Contratos: raíz de la crisis en Educación

Emilio Nieves Torres declara que el perfil de Julia Beatrice Keleher fue actuar al margen de las reglas, normas y leyes que rigen al Departamento de Educación en Puerto Rico

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