Mairym López Rodríguez

Punto de Vista

Por Mairym López Rodríguez
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Controles que no controlan el fraude

Resulta inaceptable conocer que se pierde dinero en el gobierno de Puerto Rico al realizar transferencias electrónicas a cuentas fraudulentas. Es inaceptable en cualquier momento, pero es aún más doloroso en el momento histórico en que se encuentra la isla. 

Al momento se identificó una transferencia fraudulenta por $2.6 millones o quizás más en la Compañía de Fomento Industrial, $1.6 millones en la Compañía de Turismo y posiblemente se identificarán otras cantidades similares en la Administración de los Sistemas de Retiro y otras agencias bajo investigación. Debido a lo ocurrido, se activaron los protocolos en la Compañía de Fomento para investigar las fallas en los controles internos y tomar acciones correctivas. 

No solo son inaceptables los hechos ocurridos, sino la falla en la gestión pública cotidiana de desembolso de dinero. ¿Quiénes son las personas responsables de poner en acción los controles mínimos necesarios para que situaciones como estas no ocurran? ¿Existen esos controles mínimos? ¿Responden a la realidad actual de la agencia y de las innovaciones tecnológicas? 

Es de conocimiento de muchos que los procesos de pagos o las transferencias de fondos en el gobierno deben cumplir con unas normas (llámese burocracia) como método de control y de una sana administración pública. La normativa básica de control es la separación de funciones en donde al menos tres personas participan: quien emite la solicitud que conllevará un desembolso de fondos, quien la autoriza y quien realiza el pago. Sin embargo, según la información compartida en la prensa, al recibo de un correo electrónico se acogió como buena la información y se procedió a transferir el dinero. Si los hechos fueron así, es sumamente peligroso.

La literatura establece que en la medida que hay mayores controles internos, menor es el nivel de riesgo. De igual forma, los controles permiten que los procedimientos sean predecibles, estables y consistentes. Sin embargo, si no producen los resultados esperados la efectividad se corrompe. 

El fraude por $2.6 millones es reflejo de deficiencias en la gestión pública. Esta no es una opinión subjetiva, sino evidenciada por múltiples hallazgos en auditorías de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, los cuales redundan en pérdidas constantes de dinero para el gobierno. 

Lo importante ahora es poder identificar el eslabón roto para corregirlo, ese control que no controla. Hay que evaluar, fiscalizar, modificar, implementar y mantener el aprendizaje continuo. Para aumentar las posibilidades de éxito es importante el compromiso real de los líderes y los gerentes en las agencias del gobierno. Esto contribuirá a mitigar el riesgo para que situaciones como estas no continúen replicándose, las cuales lamentablemente minan el valor público.

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