Noelia Enid Arroyo Hernández

Punto de Vista

Por Noelia Enid Arroyo Hernández
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“Corredores de la muerte”

Las últimas semanas ha salido a la luz pública la crisis institucional del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha crisis ha sido evidenciada por la cantidad desmedida de muertes de confinados. En lo que va de año suman 37 confinados muertos en las cárceles del país. Resulta impactante conocer el número de muertos actualmente, pero la realidad es que esta penosa situación no es una novedad. 

Según las estadísticas, para el año fiscal 2017-2018 murieron un total de 45 confinados. De esas 45 muertes, solo 19 fueron reportadas por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC). El Instituto de Ciencias Forenses certificó la muerte en 4 de los 45 casos, y solo en 3 se informó el resultado de autopsia. Por otro lado, la Policía de Puerto Rico tomó solo 16 querellas, por lo que en 28 casos no se realizó dicho procedimiento. De las 16 querellas tomadas, solo en 8 se informó la causa aparente de muerte. En los años fiscales 2015-16 y 2016-17 el Instituto de Ciencias Forenses no informó la causa de la muerte en 34 casos. Mientras que en el año fiscal 2017-18 no se informó en 40 casos. Por lo que en esos tres años fiscales desconocemos la causa exacta de las muertes de sobre 100 confinados

Todo lo anterior, sumado a incongruencias en la información recopilada por la OISC y otras agencias del Estado, reafirma la crisis y la inefable negligencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Lamentablemente el Estado no se ha preocupado por la seguridad de los confinados, aprovechándose de que culturalmente somos una sociedad que margina a los confinados y exconvictos y no fiscalizamos los atropellos a los derechos civiles de esta población. Pero ya son demasiadas muertes y el no priorizar la terminación de las investigaciones levanta sospecha.

La renuncia del pasado secretario del DCR no hará diferencia. Lo cierto es que, pese a que han pasado muchos “secretarios”, esa silla lleva muchos años vacante. Y aunque constitucionalmente no existe la pena de muerte en Puerto Rico, ya las cárceles se han convertido en “corredores de la muerte”. 

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