Ángel Rosa

Punto de vista

Por Ángel Rosa
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Corrupción con nombre y apellido

La campaña electoral de 2020 tendrá la corrupción como protagonista. Filtraciones recientes en la prensa sobre investigaciones de corrupción en dependencias como Hacienda, Educación y ASES han desatado las peores semanas del gobierno de Ricardo Rosselló.

Como consecuencia de ello, fue destituido fulminantemente el “secretario estrella” del gabinete, el CPA Raúl Maldonado, luego de revelar un supuesto esquema de extorsión en su contra la operación de una “mafia” interna en Hacienda. Por esos días también renunció la exdirectora de ASES, Ángela Ávila Marrero, quien admitió haber sido citada ante las autoridades federales para indagar sobre la concesión de contratos a las aseguradoras de salud bajo el programa Vital.

Unos meses antes, renunció sin mayor explicación la secretaria de Educación, Julia Keleher, de quién ahora sabemos es objeto de indagaciones federales, por contrataciones ocurridas durante su incumbencia. A eso se añade, no sin relación con los entuertos de Educación, la alegada investigación federal alrededor de la figura del ex director de campaña de Rosselló, ex representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal y cabildero, Elías Sánchez.

Un denominador común en las revelaciones de investigaciones federales por corrupción en este gobierno es Alberto Velázquez Piñol, de la firma de contaduría y gerencia BDO International, con vara alta en los últimos dos gobiernos del PNP. En días recientes se añadió al desfile de exfuncionarios de la administración ante los federales el ex asesor legal del gobernador, Alfonso Orona. Este testificó ante el gran jurado federal sobre las andanzas de Velázquez Piñol en la ASES.

El 4 de julio, la prensa informaba de una investigación federal al veterano alcalde popular de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Según la información publicada, el municipio entregó $9 millones en circunstancias nebulosas al asesor financiero Eugenio García Jiménez, quién sin poseer cualificaciones para tal gestión, prometió invertirlos con un rendimiento del 10% anual. García y los $9 millones ahora no aparecen.

Ya en 2000, cuando estaba por concluir el gobierno del primer Rosselló, el entonces fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, Guillermo Gil Bonar, pronunció una frase lapidaria: “La corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista”. Desde entonces, gobiernos de ambos partidos se han encargado de falsificar la frase.

Las autoridades federales en la isla han tenido las manos llenas por más de dos décadas, investigando, acusando y encarcelando a funcionarios públicos y allegados a las principales campañas políticas. En ocasiones han estado a punto de llegar al gobernador de turno, pero por una razón u otra no ha ocurrido.

La semana pasada, el director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, dijo sin ambages que la cantidad de esquemas sobornos en el gobierno dePuerto Rico y los municipios es “dramática”. Así las cosas, más allá de quiénes sean los candidatos en 2020, es obvio que dos décadas después de la frase de Gil Bonar, la corrupción sigue teniendo nombre y apellido, pero tiene un nombre compuesto.

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