Javier Colón Morera

Tribuna Invitada

Por Javier Colón Morera
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Corrupción y liderato gerencial

El tema no es nuevo ni se refiere nada más que a Puerto Rico.  “La corrupción”, ha dicho el Papa Francisco antes de serlo, “no es un acto, sino un estado, estado personal y social, en el que uno se acostumbra a vivir. Los valores (o desvalores) de la corrupción son integrados en una verdadera cultura, con capacidad doctrinal, lenguaje propio, modo de proceder peculiar. Es una cultura de pigmeización por cuanto convoca prosélitos para abajarlos al nivel de la complicidad admitida”. En otras palabras, es un modo de vida que degrada e invita a la degradación colectiva.

Combatir, por lo tanto, la cultura permisiva que permite esquemas de corrupción es una tarea valorativa y democrática de gran prioridad. En cuanto a los temas inmediatos que nos ocupan se trata más bien de diseños que son parte de una cultura informal, pero fuerte, de premiar con contratos a los partidarios para generar lealtad, para financiar campañas y también para fines privados de contratantes y contratados. Es lo que algunos denominan “la cultura del tumbe” mediante la cual el activismo político es solo una excusa para ser un beneficiario de los fondos del pueblo. Que se persiga esta modalidad de corrupción que implica malversación de fondos públicos nos incumbe a todos. Es especialmente hiriente en tiempos en que se imponen esquemas de austeridad que implican, por ejemplo, la reducción de pensiones y aumentos del costo de servicios básicos como la electricidad. 

La corrupción, en el caso particular de la gestión efectiva del gobierno, ignora la diferencia esencial entre los fines del bien común y los de la tribalización partidista. Para evitarla, se ha demostrado que hace falta un liderato gerencial que imponga una cultura de tolerancia cero. En una investigación publicada sobre este tema hace algunos años bajo el auspicio de la Oficina del Contralor, titulada Corrupción gubernamental y estrategias efectivas: La función del liderato gerencial, el colega Héctor Martínez y yo concluimos que un tema central en estos casos es el gerente de gobierno.  Si este responde más a agendas privadas o político-partidistas exclusivistas, los patrones de corrupción son más difíciles de detectar y este tipo de gerente puede causarle daños permanentes a las instituciones que dirigen. Existen medidas administrativas que pueden ayudar mucho a detectar estas irregularidades antes de que se conviertan en conducta delictiva. Ello implica gestiones de prevención reconocidas ampliamente. La realización de auditorías internas y externas, el rotar empleados en áreas de trabajo expuestas al soborno y una atención más particular a los procesos de subasta y a los procesos de recaudación de fondos partidistas al interior de las agencias, es solo parte de la agenda preventiva. 

Hacen falta también reformas que favorezcan formas de hacer políticas menos atadas a la recolección privada de fondos. Hay que repensar una democracia para abrir espacios para la acción creativa de una ciudadanía que quiere ver en el gobierno la gestión honesta para el bien común. No es tanto pedir.

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