Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Cotto Vives bajo fuego

Como bien dice el refrán, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Esa máxima debería aplicársela la presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives.

La imagen de Cotto Vives, exjueza del Tribunal de Apelaciones, quedó lacerada con el caso de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, contra la cual tres fiscales especiales de su oficina imputaron sin éxito cargos relacionados a su rol en la pesquisa y procesamiento de dos acusados de robar en la casa de su hija.

Con la acción fallida contra la secretaria Vázquez, la presidenta del panel del FEI abrió una caja de Pandora que le rebotó como bumerang, dañando su imagen como funcionaria.

Como secuela del caso Vázquez, salió a relucir un referido contra Cotto Vives que dormía el sueño de los justos en la Oficina de Ética Gubernamental desde hacía dos años, aunque tenía que ver con una querella presentada por la contralora Yesmín Valdivieso cuatro años atrás.

Al trascender la inacción de la OEG, dicha oficina se apresuró a anunciar que no tenía jurisdicción sobre el referido, aunque al mismo tiempo exoneró a Cotto Vives. El anuncio lo hizo el subdirector de Ética, Luis A. Pérez Vargas, porque la directora de la OEG, Zulma Rosario, se inhibió debido a su estrecha relación con la imputada, a quien considera su “familia extendida”.

Cotto Vives se desempeñaba en 2010 como asesora del entonces jefe de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Esteban Pérez Ubieta, cuando fue nombrada y confirmada como presidenta del panel del FEI. Pérez Ubieta eventualmente fue acusado de corrupción en un procesamiento que se ve actualmente en el Tribunal de Primera Instancia.

En una auditoría de la Adsef, la contralora Valdivieso detectó un conflicto entre ambas funciones de Cotto Vives y la remitió al entonces secretario de Justicia, César Miranda, con la advertencia de que había hallado “ciertas situaciones que podrían constituir violaciones a la ley del PFEI”. Miranda tardó dos años en referir el asunto a la OEG.

Cotto Vives asumió la defensa de Pérez Ubieta ante los auditores de la Oficina del Contralor, por lo que los abogados del acusado intentaron infructuosamente esta semana que el juez superior Rafael Taboas la llamara a prestar juramento para ser usada como testigo. Los fiscales se opusieron y el juez aceptó sus argumentos.

La relación de asesoría de Cotto Vives con Pérez Ubieta quedó también evidenciada en medio del caso de la secretaria de Justicia cuando este diario publicó un intercambio de correos electrónicos sobre una actividad de recaudación de fondos para el Partido Nuevo Progresista en la Adsef. Cotto Vives dijo que solo fue copiada en los correos porque se hacía con todos los asesores, pero en el intercambio figura una respuesta suya con instrucciones a Pérez Ubieta de que copiara a “Marcos”, el entonces secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema.

Toda esta situación, en cualquier gobierno del mundo, habría llevado al funcionario implicado a renunciar motu proprio inmediatamente. En este caso hay un factor adicional neurálgico: la función de los miembros del panel del FEI, que es la de investigar y someter a procesamiento a funcionarios que violen la ley.

A raiz de la determinación de no causa de la jueza superior Yazdel Ramos Colón en el caso de la secretaria de Justicia, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que investigaría el tracto de las denuncias contra Vázquez y que tomaría acción.

Cotto Vives no debería seguir retando a la suerte.

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