Brian G. Díaz Santiago

Punto de vista

Por Brian G. Díaz Santiago
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COVID-19, “Buy American” y Puerto Rico

La pasada semana el administrador de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), Pete Gaynor, mencionó en conferencia de Prensa que el gobierno federal estaría tomando las riendas para atender la emergencia del COVID-19. Con el mismo aliento, recordó que la regulación federal del “Buy American” no aplica a la Ley Stafford. No obstante, a Puerto Rico y Washington D.C. se les restringe de esta libertad. Esto significa que de necesitar equipos médicos para atender la emergencia del COVID-19, los estados pueden comprar en cualquier lugar del mercado internacional, pero Puerto Rico tiene que limitarse al mercado americano.

En respuesta, la comisionada residente Jenniffer González informó que se comunicó con Gaynor y anunció que la petición fue acogida con éxito. Sin embargo, esto no puede ser un “one time exception”. Es indispensable entender lo que puede significar esta limitación en emergencias futuras y lo que hubiese representado en esta coyuntura histórica para nuestros municipios. 

Las categorías de emergencia del Programa de Asistencia Pública funcionan por reembolso. Es decir, la responsabilidad primaria de atender la emergencia corresponde estrictamente al solicitante del programa (municipios, agencias y ONG) y a la aseguradora correspondiente. El problema es que los municipios no tienen dinero para atender en su máxima capacidad la situación. Tenemos que mantener en perspectiva que hay municipios que están manejando tres emergencias simultáneamente y nos encontramos cerca de una nueva temporada de huracanes.

Restringir a Puerto Rico a comprar equipo médico en el mercado estadounidense es apelar a la caridad de los cambios de un mercado limitado. Todos sabemos el comportamiento del mercado en tiempos de emergencia. Nuestros municipios, sin dinero, estarían obligados a comprar en un mercado limitado y a la merced de precios elevados en comparación con otros mercados. Todo esto mientras el mismo programa le exige que tiene que comprar primero para luego reembolsar.

Para esta emergencia, FEMA aprobó la aportación de un 75% de todos los gastos elegibles por la emergencia en la categoría B. A FEMA le conviene incluir a Puerto Rico en esta y en futuras ocasiones. Es matemática simple. Si se le permite encontrar mejores precios en la compra de equipo médico en los mercados abiertos, la aportación del 75% del reembolso representaría menos gasto del erario federal en dólares y centavos.

FEMA utiliza estrategias para adelantar fondos, como lo es una Hoja de Trabajo del Proyecto Expedito, un documento en que se solicita un estimado de los gastos a incurrir para atender la emergencia de forma rápida. No obstante, esto no significa que el dinero estará a la mano de manera inmediata. Actualmente, tenemos municipios trasladando servicios a otros municipios porque sencillamente no tienen capital. La compra de equipo médico es indispensable para sobrepasar esta emergencia.

No acoger este reclamo permanentemente sería manejar una emergencia con un yugo adicional. El proceso de FEMA toma su tiempo. Las aseguradoras han alcanzado cifras de reclamaciones históricas en los pasados tres años. Nuestros municipios no aguantan más. Dentro de todo, nos corresponde buscar alternativas flexibles, conforme el cumplimiento, que beneficien a nuestra gente en estos tiempos de necesidad.


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