Amanda Rivera Flores

Punto de vista

Por Amanda Rivera Flores
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COVID-19, pobreza infantil y voluntad política

No es necesario un análisis profundo para saber que la nueva crisis del COVID-19 es llover sobre mojado para la niñez puertorriqueña, que vive empobrecida y ha sufrido los impactos del huracán María, la crisis fiscal y los terremotos. El COVID-19 dará un golpe fuerte a las familias con niños que viven en la pobreza, particularmente a las familias trabajadoras, cifra que en el 2018 constituía unas 94,000 familias. De estas, casi la mitad trabaja a tiempo parcial. El impacto será también particularmente significativo para los 70,000 jóvenes menores de 25 años que laboran en industrias altamente volátiles, como las ventas al por menor, las hospederías y los restaurantes. Sin duda alguna, estas poblaciones verán un mayor empobrecimiento. 

En general, podemos predecir que los empleos se reducirán significativamente durante los próximos meses debido al freno abrupto en la actividad económica a nivel global. Esto significará que menos padres, madres y jóvenes tendrán oportunidades para salir del abismo que representa la pobreza, perpetuando así un ciclo que continúa amenazando la prosperidad a largo plazo de Puerto Rico.  En pocas palabras, el COVID-19 profundiza el patrón de empobrecimiento de la niñez y juventud en Puerto Rico.

En enero de este año, en el Instituto del Desarrollo de la Juventud establecimos que mantener estos altos niveles de pobreza infantil le cuesta a la economía de Puerto Rico más de $4,400 millones al año. Además, identificamos una serie de políticas públicas que, de ser implementadas en conjunto, podrían reducir estas tasas significativamente. 

Ante la crisis del COVID-19, nos dimos a la tarea de monitorear la respuesta de política pública en Puerto Rico y a nivel federal. Hemos encontrado que en ambas esferas hay propuestas que van más allá de las pérdidas que tendrán empresas y corporaciones; propuestas que atienden la pérdida de ingreso familiar. En Puerto Rico se han propuesto varias medidas que van desde transferencias de $500 por individuo (Rivera Schatz), hasta un ingreso básico de emergencia para familias que ganan menos de $50,000 (Natal Albelo). 

A nivel federal, estas incluyen consideraciones especiales para familias con menores, incluyendo transferencias incondicionales de efectivo que podrían sumar hasta $4,500 por persona durante el 2020, según algunas propuestas de los demócratas. Es evidente que esta respuesta reconoce el impacto devastador que tendrán la pandemia y cuarentena en los ingresos familiares, y por lo tanto en la economía. Esta nueva crisis ha conseguido crear la voluntad política para invertir los recursos necesarios para paliarla. 

El COVID-19 y la respuesta que ha generado nos demuestran que, cuando una situación es lo suficientemente urgente, los recursos se redistribuyen o aparecen. Nuestro planteamiento es que tanto antes, como después de la pandemia, Puerto Rico ha enfrentado y seguirá enfrentando una crisis demográfica y de pobreza que de ser ignorada tendrá implicaciones devastadoras para su economía a largo plazo. Es necesario atenderla con la urgencia que amerita. 

En el IDJ hemos trazado un plan de políticas públicas que pueden reducir significativamente la pobreza infantil en un plazo de diez años. Las mismas incluyen medidas para la creación de empleos, los que cobrarán más urgencia luego de esta pandemia; pero también incluyen políticas destinadas a proveer incentivos, destrezas, y remover las barreras que históricamente han obstaculizado el acceso y sustentabilidad de los empleos para madres y padres. Ello requerirá inversiones, que aunque no serán mayores al costo anual de las pérdidas por no atenderla, requerirá voluntad política, creatividad y darle a este asunto la importancia que merece. Nuestro llamado para todos aquellos y aquellas que aspiren a gobernar Puerto Rico, es que consideren atender la pobreza infantil con la misma urgencia y prioridad que requiere una crisis que pone en jaque el futuro y viabilidad de Puerto Rico. 

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