Ana Teresa Rodríguez Lebrón
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Crimen y pobreza

“Sí hay intervención para criminales y delincuentes, desde luego, pero no se puede decir que los nuevos organismos estén actuando sobre los contextos sociales más amplios (de clase, raza, poder o desigualdad), en los que el crimen y la delincuencia se localizan”. (Stanley Cohen)

En la década de los noventa, una de las estrategias implementadas para atender el problema de criminalidad que se experimentaba en el país, lo fue la política de “mano dura contra el crimen”. En aquel momento el gobernador Pedro Rosselló, durante su alocución ante la legislatura, decretó que: “nos han pedido guerra y guerra tendrán. Que lo sepa el criminal: nuestra paciencia se acabó”.

Durante la era Rosselló las fuerzas de orden público ocuparon cerca de 80 residenciales públicos y se activó la Guardia Nacional, reasignándola a comunidades que habían sido identificadas como zonas de alta incidencia criminal. En otras palabras, se legitimó la criminalización de la pobreza. Se enfatizó que la raíz del crimen se escondía en aquellos lugares que diligentemente habían sido etiquetados por el Estado; convirtiendo la comunidad en sinónimo de crimen. Esto provocó que se viese a sus residentes como víctimas de sus propias circunstancias. El circo mediático tras cada operativo insistía en vendernos las imágenes de un gobierno en control. Pero la guerra del Estado en contra de aquellos criminales, como sabemos, estuvo y está lejos de llegar a su fin.

Puerto Rico no está solo al momento de crear políticas públicas que marginalicen la pobreza. Muchos países crearon iniciativas similares que resultaron en lo que el filósofo Zygmunt Bauman conceptúa como la “violencia autotélica”: es su propio motivo y fin. Nos funciona como válvula de escape momentánea; pero poco o nada hace por impedir que vuelva a ocurrir.

El último Censo establece que el 60% de los ciudadanos vive bajo los niveles de pobreza. Debería quedarnos claro a qué se le debería de declarar la guerra.

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