Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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Crisis del retiro: herencia del PPD

En sus años iniciales, el Partido Popular Democrático circulaba en los pueblos durante cada campaña electoral una hoja suelta titulada “Hechos, no palabras”, en la que enumeraba la obra pública y los servicios que auspiciaba el nuevo gobierno y rebatía los argumentos de la oposición política. La verdad es que la hoja le rendía buenos frutos al nuevo partido.

Antes que todo, eso deben ser las campañas políticas: un ejercicio de rendimiento de cuentas del trabajo realizado y una fiscalización responsable de la oposición, que provean al electorado la información legítima que necesita para la elección idónea entre opciones de partidos y candidatos. No más. Según desapareció el PPD de aquellos años, igualmente cambió su filosofía y su estrategia proselitista.

¿Prueba al canto? Tómese como ejemplo el serio asunto de las pensiones de nuestros jubilados. Para enero de 2017, entrando en funciones la actual administración Rosselló, el cuadro fiscal oficial evidenciaba una contracción económica cumulativa de 14.6% en el producto estatal bruto; con la predicción de una contracción adicional de 3% en los siguientes dos años; un déficit en caja de $7,600 millones y uno estructural financiado con fondos del Banco Gubernamental de Fomento, y el dinero arrebatado a los pensionados del gobierno para utilizarlo en sustitución de las fuentes normales de liquidez y seguir gastando más dinero que los fondos disponibles. Herencia del gobierno popular. Para no hablar de las tres irregulares emisiones del Sistema de Retiro en 2008 bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, que ocasionó al sistema pérdidas por $19 millones en cinco meses. Con razón tenía que caer en la quilla el sistema de pensiones de los empleados públicos. En 2013, la administración García Padilla había congelado los beneficios de los bonos de Navidad, y de Verano y los ajustes progresivos de los pensionados, aumentado la edad de participación a 65 años y la aportación de empleados a 10%. Miles de pensionados se asomaron al precipicio en sus vidas.

Además, desde mayo de 2016, el BGF había dejado de proveer liquidez al gobierno, con una consecuencia trágica para los más vulnerables de nuestra sociedad: los sistemas de retiro de los empleados públicos, maestros y judicatura entraron en insolvencia. La ley 106 de agosto de 2017, Para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos, fue el paso inicial del titánico esfuerzo de la presente administración para salir por los fueros de nuestros jubilados.

A partir de entonces, la actual administración ha seguido apegada a la defensa invariable de los pensionados, amparada en el robustecimiento de la economía y el constante aumento en los ingresos del Fondo General para, no solo brindar servicios esenciales al pueblo, sino específicamente para proteger los sistemas de retiro gubernamentales. Esos son los hechos.

Contrario a sus años iniciales, ahora el PPD no anda divulgando una explicación basada en “Hechos, no palabras”. Ahora está radicalmente (de raíz) apegado al decir de Mark Twain: “Obtenga los hechos, después distorsiónelos tranquilamente”.

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