José E. Muratti Toro

Punto de vista

Por José E. Muratti Toro
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Crónica de un residenciamiento anticipado

El martes 24 de septiembre, Nancy Pelosi anunció que la Cámara de Representantes comenzará los procesos de residenciamiento contra Donald J. Trump. La decisión que la presidenta de la Cámara venía postergando, a pesar de la presión de cerca de una tercera parte de los demócratas en la Cámara, obedece a la admisión del presidente de haber detenido una transferencia de fondos a Ucrania a cambio de que ese país investigara y hallara ilegalidades en el desempeño de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, principal contrincante político de Trump en las elecciones de 2020. Estos hechos fueron dados a conocer como resultado de la radicación de una querella (“whistleblower complaint”) de un oficial de Seguridad Nacional, el pasado 12 de agosto, sobre “promesas que Trump le hizo a un representante de un gobierno extranjero”.

La secuencia de hechos es la siguiente: el 28 de febrero del corriente, Trump acordó que transferiría $250 millones en ayuda bélica a Ucrania como parte del compromiso de los Estados Unidos por detener los avances de Rusia que, en el 2014, invadió y se apropió de la península de Crimea. La transferencia no se llevó a cabo.

El 21 de abril, Volodimir Zelensky, al frente de una plataforma anticorrupción, fue electo presidente de Ucrania con 73% de los votos. El 9 de mayo, Rudolph Giuliani, abogado personal de Trump, anunció que iría a Kiev a investigar el rol que Hunter Biden tuvo como miembro de la junta de directores de Burisma, una firma de gas natural de Ucrania, “porque esa información será muy, muy útil para mi cliente y puede resultar útil para mi gobierno”.

El 16 de mayo, Yuryi Yutsenko, Fiscal General de Ucrania desde el 12 de mayo de 2016 hasta el 29 de agosto de 2019, informó que no encontró hechos ilegales de parte de Hunter Biden. El 23 de mayo, la Casa Blanca volvió a informar que se liberarían los fondos de Ucrania. El 13 de junio, en entrevista con George Stephanopoulos, Trump dijo que estaría dispuesto a recibir información sobre un adversario político de parte de un gobierno extranjero y que eso no representaría una intromisión en los asuntos internos de la nación, a pesar de que la Constitución así lo estipula.

Al 18 de julio, todavía no se había realizado la transferencia. El 22 de julio, Viktor Mikolajovich Shokin, exfiscal general de Ucrania, le dijo al Washington Post que fue despedido por el asunto de Biden. “Responderé que las actividades de Burisma, la participación de su hijo, Hunter Biden, y los investigadores [de la oficina del fiscal general]… son los únicos, enfatizo, los únicos motivos para organizar mi renuncia”.

El 25 de julio, según se publicó el 23 de septiembre, en llamada telefónica a Zelensky, Trump mencionó a Biden en ocho ocasiones. Dos semanas más tarde, el 12 de agosto, un oficial de seguridad nacional sometió la querella al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, quien la ratificó como creíble y una “preocupación urgente”, lo cual conlleva, por ley, que se informe de inmediato a los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado. 

El 2 de septiembre, en visita a Polonia, el vicepresidente Michael Pence dijo que no conversó sobre Biden con Zelensky, pero que sugirió que la ayuda militar estaba supeditada a erradicar la corrupción, a pesar de que Zelensky fue electo en una plataforma anti-corrupción. Pence añadió: “Según el presidente Trump me pidió que aclarara, tenemos grandes preocupaciones con los asuntos de corrupción. […] El presidente quiere estar seguro de que esos recursos realmente se están canalizando a los tipos de inversiones que contribuirán a la seguridad y la estabilidad en Ucrania”.

El 5 de septiembre, el Washington Post publicó un editorial en que indicó haber recibido información confiable al efecto de que Trump estaba “intentando forzar al Sr. Zelensky a intervenir en las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos, al iniciar una investigación del principal candidato demócrata, Joe Biden”.

El 9 de septiembre, Atkinson notificó a los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado que un denunciante había presentado una queja, aunque no reveló su contenido o sustancia. Por el contrario, Atkinson entregó el contenido de la querella al recién nombrado director de inteligencia nacional Joseph Maguire.

El 10 de septiembre, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam B. Schiff, le escribió a Maguire exigiendo que el Congreso recibiera el contenido de la querella. Al día siguiente, 11 de septiembre, la administración Trump liberó la ayuda a Ucrania que había estado reteniendo.

El 13 de septiembre, Schiff citó a Maguire para obligarlo a revelar la querella del denunciante de Seguridad Nacional. Schiff recibe información de parte de la Casa Blanca al efecto de que la querella no está cobijada por ley toda vez que revela comunicaciones confidenciales y potencialmente privilegiadas por parte de personas ajenas a la comunidad de inteligencia, lo cual se especula se refiere a Trump.

El 17 de septiembre, Maguire informó a Schiff que ni testificaría ni entregaría la querella, “porque se le está ordenando que no lo haga, que esto implicaba una autoridad superior, alguien superior”. El 18 de septiembre, el Washington Post reportó que la querella incluye la comunicación de Trump con un líder extranjero y algún tipo de “promesa” hecha, presumiblemente por Trump. El 19 de septiembre, Atkinson informó al Congreso, en sesión a puerta cerrada, que la querella está vinculada a múltiples eventos, aparentemente con Ucrania, y no a una sola comunicación.

Esa misma noche, Giuliani comparece al programa de Chris Cuomo en CNN y niega haber intervenido con relación a Biden en Ucrania, para luego, bajo cuestionamiento de Cuomo, admitir que sí lo hizo y que “no hay nada malo” con que Trump detuviera la ayuda aUcrania a cambio de que se investigara a los Biden. Giuliani concluyó: “La realidad es que el presidente de los Estados Unidos tiene todo el derecho de decirle a otro líder de un país extranjero: tienes que enderezarte antes de que te demos mucho dinero”. […] “Es perfectamente apropiado que [Trump] solicite a un gobierno extranjero que investigue este crimen masivo cometido por un exvicepresidente”.

El 23 de septiembre, Trump sugirió que la transferencia a Ucrania pudo haber sido detenida por motivos relacionados a “corrupción”, aunque no mencionó a los Biden. El 24 de septiembre, Trump confirmó que retuvo la transferencia, pero que fue porque estaba esperando que otros países europeos contribuyeran a la ayuda militar a Ucrania. Más tarde, el mismo día, dijo que daría a conocer la transcripción de su llamada con Zelensky. Lo cual hizo y fue publicada por CNN.

En dicha transcripción, no solo se infiere que el presidente le está insinuando a Zelensky que quiere que “le ayude” con la investigación de los Biden, sino que le indica que el secretario de Justicia William Barr y su abogado Rudolph Giuliani, se van a estar comunicando con él para darle seguimiento al asunto: “I will have Mr. Giuliani give you a call and I am also going to have Attorney General Barr call and we will get to the bottom of it. I'm sure you will figure it out”. La obvia connotación es que Zelensky “sabrá resolver” el asunto que “explorará a fondo” con Barr y Giuliani.

Diversos representantes del Partido Republicano han tomado variadas posiciones al respecto. El presidente del Senado, Mitch McConnell, curiosamente se ha distanciado del asunto al decir que no sabía por qué se atrasó la transferencia. El Departamento de Justicia, liderado por William Barr, informó que este asunto no amerita una investigación criminal. El líder de la minoría en el Congreso, Kevin McCarthy, dijo que no hubo un “quid pro quo”, o sea que Trump no especificó que la transferencia estaba condicionada a la investigación de los Biden. En mi pueblo de Hormigueros aprendí un refrán que reza: “Para el buen entendedor, con pocas palabras basta”.

Nota curiosa: todo el que haya escuchado a Trump hablar en público y/o leído transcripciones de sus expresiones públicas al leer la transcripción sospecharía que fue editada para lograr corrección gramatical y coherencia, ninguna de las cuales adornan las expresiones públicas, no leídas, del presidente. Otro dato curioso es que la Casa Blanca no cuestionó la noticia de que Trump había mencionado a Biden en ocho ocasiones, pero en la transcripción publicada solo aparecen cuatro referencias a Biden. La transcripción liberada, ¿está completa?

El 24 de septiembre, en medio de una tormenta de denuncias de indignación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que la Cámara comenzará las investigaciones conducentes a un proceso de residenciamiento.

¿Cuáles son los próximos pasos que la Cámara de Representantes deberá tomar?

En primer lugar, se anticipa que el Comité de lo Jurídico integrará las investigaciones que ha comenzado contra Trump y que han sido desafiadas, tanto por el presidente como por los secretarios de las dependencias obligadas por ley a entregar la documentación solicitada por cada uno de los siguientes comités que realizan, entre otras, las siguientes pesquisas:

Comité de Contribuciones – Trump y Stephen Mnuchin, secretario del Tesoro, se han negado a entregar las planillas de Trump al comité a pesar de que están obligados a hacerlo a tenor con una ley aprobada en 1924. El comité busca determinar si Trump cometió fraude bancario y fraude de seguros al radicar sus planillas durante los pasados ocho años.

Comité de Medios y Arbitrios– Se busca realizar una auditoría de las planillas de contribución de Trump para determinar si hubo fraude bancario y fraude de seguros e investiga la obstaculización de oficiales nombrados por Trump en la tramitación de sus planillas al comité.

Comité de Supervisión (Oversight) – Se busca determinar si se ha puesto en peligro la seguridad nacional al concederle credenciales de seguridad a los hijos del presidente y a su yerno, Jared Kushner, toda vez que, según advertido por las agencias de seguridad nacional, estos no cumplían con requisitos establecidos por ley dadas sus relaciones de negocios con gobiernos de otros países de dudosa reputación en cuanto a seguridad, sobre todo en el Medio Oriente.

Comité de Inteligencia – Realiza investigaciones sobre la intervención del presidente en las gestiones realizadas por Robert Mueller relacionadas a la interferencia de los rusos en las elecciones del 2016, con la anuencia de Trump y miembros de su campaña.

Comité de lo Jurídico – Realiza varios análisis de los esfuerzos de Trump por obstruir la justicia en la investigación sobre la intervención rusa de las elecciones del 2016, documentadas en el Informe Mueller.

El Comité de lo Jurídico asumirá el rol de “sombrilla” de los seis comités, toda vez que es el llamado por la Constitución a establecer los parámetros de una investigación (“inquiry”) conducente a la radicación de los artículos de residenciamiento de un oficial electo, a saber: Artículo I – Obstrucción de Justicia; Artículo II – Abuso del Poder; y Artículo III – Desprecio (“Contempt”) del Congreso.

A juzgar por las investigaciones sobre el presidente que realizan los diversos comités del Congreso, existen datos para invocar el Artículo I tanto por las obstrucciones a la investigación de Robert Mueller, como a la obstaculización de las leyes que obligan al presidente a entregar diversos documentos al Congreso. Las violaciones al Artículo II contemplarían las múltiples intervenciones, incluyendo despido de secretarios y empleados del FBI por parte del presidente, para descarrilar la investigación de Mueller. La invocación del Artículo III se documentaría con la negativa de la administración Trump a proveer documentos solicitados al presidente e impedir los testimonios de exempleados y hasta asesores, a diversos comités del Congreso.

Además de estas violaciones a la Constitución, en la Cláusula de Título de Nobleza, en el Artículo I, Sección 9, Cláusula 8 de la Constitución, se establece que “se restringe a miembros de gobierno de recibir regalos, emolumentos, puestos (“offices”) o títulos, de [parte de] estados foráneos y monarquías sin el consentimiento del Congreso de los Estados Unidos”. Trump ha violado esta cláusula recurrentemente al propiciar que plenipotenciarios de otras naciones, así como contribuyentes a su campaña y representantes de intereses particulares, se alojen en sus hospederías, toda vez que él sigue siendo el principal beneficiario de dichos ingresos.

Más allá de las prohibiciones explícitas en la Constitución sobre emolumentos y otras aportaciones por gobiernos extranjeros a miembros del gobierno de los Estados Unidos, la Sección 30121 de la Ley que regula las campañas eleccionarias [52 USC 30121: Contribuciones y donativos por nacionales extranjeros], especifica: “(a) Prohibición - Será ilegal que- (1) un nacional extranjero, directa o indirectamente, haga (A) una contribución o donativo de dinero u otra cosa de valor, o que haga una promesa expresa o implícita de hacer una contribución o donativo, en conexión con una elección, federal, estatal o local”.

El quid pro quo implícito en la restricción de la ayuda militar del gobierno federal a transferirse a Ucrania, a cambio de una investigación que exceda lo ya concluido por el fiscal general Yuryi Yutsenko en mayo de 2019 sobre los Biden, representa “una contribución… u otra cosa de valor” que Trump recibiría de Zelensky, para colmo a través de las gestiones del secretario de Justicia William Barr, otro empleado gubernamental, y Rudolph Giuliani, abogado personal que el presidente involucra en una transacción entre dos estados soberanos: los Estados Unidos y Ucrania.

Donald Trump no se puede catalogar como una persona inteligente, ni por estándares académicos, de conocimiento y cultura general, o de negocios, como sus múltiples quiebras atestiguan. Sin embargo, no se debe subestimar su astucia y maquiavélica habilidad para convertir sus aliados y empleados en rehenes.

La estrategia de Trump de involucrar a sus secretarios del Tesoro, Justicia, Comercio, Salud, Educación y las oficinas de Energía, Protección Ambiental, y la del Director de Inteligencia Nacional, así como a su abogado personal en sus más nefastas artimañas, tienen el propósito de formar un frente amplio de defensa en contra de todas las investigaciones del Congreso y la prensa. 

El hecho de que tantos miembros de la Administración han sido involucrados en los asuntos personales y políticos de Trump, los obliga a salir en su defensa o enfrentar revelaciones o contubernios que el presidente no titubearía en dar a conocer para salvar su pellejo. ¿Quién de ellos se le podría ir en contra sin revelar sus propios conflictos personales, posibles transacciones ilícitas y sus propias indiscreciones, haciéndoles vulnerables a investigaciones, juicios y convicciones?

El 24 de septiembre de 2019, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, comenzó el proceso mediante el cual la nación tratará de salvarse del más nefasto embaucador, el más inmoral delincuente y el más prejuicioso aprendiz de dictador en la historia de la nación. El temor de Pelosi de que el Senado y la base electoral que aún respaldan a Trump impidan su residenciamiento, viabilizando su reelección, parecen despejarse ante las revelaciones de cuán siniestro y perverso ha estado dispuesto a ser con tal de aferrarse al poder.

Cuando Richard Nixon fue advertido que sería residenciado, solo el 17% de los estadounidenses apoyaban la acción. Tan pronto comenzaron las vistas, incluso su propio partido que, en 1972, había vencido en 49 de 50 estados con 520 de 537 votos electorales, se le viró en contra y Nixon renunció.

Donald Trump es objeto de repulsión y desprecio por no menos del 60% de los estadounidenses, y los republicanos que por temor a sus represalias lo defienden, tan pronto sientan que no serán blanco de sus viciosos ataques, le darán la espalda y dejarán que la jauría de detractores lo traten con la misma ausencia de piedad que a él lo caracteriza.


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