José E. Muratti Toro

Punto de vista

Por José E. Muratti Toro
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Crónica de un residenciamiento anunciado

En la era de las “falsas noticias” (“fake news”) tanto reclamadas por presidentes y partidarios del poder, como las fabricadas por saboteadores del sistema a favor de uno de varios bandos, los hechos, como testimonios de lo que ocurre al margen de las interpretaciones u opiniones de partidarios de cualquier bando, resultan imprescindibles. Estos son los hechos.

La presidencia de Donald J. Trump ha sido, simultáneamente, una legítima reacción de la clase trabajadora estadounidense en contra las políticas públicas de los partidos Demócrata y Republicano, según augurara el cineasta Michael Moore, e ilegítima como resultado de la influencia rusa en la polarización de su población para alejar a las minorías de las urnas y exacerbar los sentimientos racistas y xenófobos de los blancos pobres que sienten que el sistema los ha engañado y marginado.

La legítima queja de la clase trabajadora blanca, sobre todo la rural y suburbana de los estados del centro (la clase trabajadora no-blanca no suscribe el engaño), obedece a la decisión de las grandes corporaciones de los EEUU de llevarse facilidades y empleos a China, Vietnam y México, entre otros. Como resultado ha aumentado el sub-empleo, manteniendo los salarios bajos, y ha prevalecido la política pública de republicanos y demócratas de recortar contribuciones, reduciendo el erario público y “viéndose obligados” a cortar servicios, infraestructura y, con ellos, empleos tanto gubernamentales como de suplidores privados a los gobiernos federal y estatales.

Trump ha insistido en resaltar su victoria gracias al sistema de colegios electorales, ignorando el voto popular ganado por Hillary Clinton, y se ha dedicado a recompensar a los que subvencionaron a su campaña. Los principales entre estos han sido las industrias petroleras, energéticas y químicas, y Vladimir Putin, por el ataque cibernético que promovió candidatos que restasen votos a los demócratas, y exacerbando las rivalidades entre blancos y, sobre todo, afroestadounidenses. A manera de gratificación personal y para deleite de la base de su partido, Trump se ha disfrutado erradicar todo lo que Obama hizo, aunque significase romper con los aliados post II Guerra Mundial en cuanto a Irán, el medioambiente, la guerra tarifaria con Europa y China, y las sanciones a Rusia. Además, ha dejado a millones sin servicios de salud, transferido fondos para reconstruir tras desastres naturales a su famoso muro, ha deportado inmigrantes y ha apoyado a dictadores como Kim Jong-un, Duterte, Erdogan, Orban, Bolsonaro y bin Salman.

La investigación de Robert Mueller sobre la intervención de Rusia en las elecciones, comenzada por el propio Departamento de Justicia (DdJ), resultó en un informe que reveló no solo el sabotaje ruso, sino también su contubernio con los miembros de la campaña de Trump, y no menos de diez instancias en que el presidente “obstaculizó la justicia”, un delito criminalmente procesable. Unmemorando interno del DdJ le “impidió” a Mueller radicar cargos a pesar de que el veterano fiscal republicano reportó que si Trump “no hubiese cometido delito” él lo habría dicho, revelando enmarañadamente que, en efecto, los actos fueron criminales.

De inmediato surgieron los llamados a residenciar al presidente según dictado en la Constitución por la cláusula de emolumentos, que le prohíbe a todo oficial electo recibir dinero o cosas de valor para sus intereses personales, algo que Trump hace cada semana cuando sufraga con fondos federales actividades oficiales en sus propiedades. El otro cargo considerado fue obstaculización de la justicia, al despedir múltiples oficiales que se negaron a realizar actos ilegales ordenados por el presidente, no acatar solicitudes legítimas de parte del Congreso e impedir que sus subalternos cumplieran con las mismas. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, al parecer incomprensiblemente en un principio, se opuso al residenciamiento. El resultado de su estrategia se evidenció un día después de la deposición de Mueller ante el Congreso, el 24 de julio.

El 25 de julio, Trump llamó al recién electo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para “pedirle un favor”: investigar al exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter quien, neciamente, ocupó un puesto en la empresa de gas natural de Ucrania Burisma, en medio de un escándalo de corrupción. La excusa que dio Trump fue que quería erradicar la corrupción de Ucrania. Sin embargo, precisamente la elección de Zelensky, quien ganó la presidencia por su plataforma anticorrupción, completó un proceso de saneamiento que ya había recibido el aval del Departamento de Estado de EEUU. El verdadero propósito de Trump era manchar la reputación de Biden de cara a las elecciones del 2020, como hizo exitosamente con Clinton en el 2016.

El clamor por el residenciamiento no se hizo esperar. Una mayoría demócrata en la Cámara votó a favor de comenzar una investigación formal (“inquiry”) para determinar si se habían cometido crímenes que justificaran la remoción de Trump de la presidencia. El 6 de noviembre, se iniciaron vistas a puertas cerradas con una serie de diplomáticos y oficiales de los departamentos de Estado y Defensa, y la embajada en Ucrania. Los republicanos clasificaron el proceso de viciado y a espaldas del público. El 15 de noviembre, comenzaron vistas públicas en las que no menos de doce empleados federales depusieron que escucharon o recibieron información sobre el intento de soborno de Trump al condicionar una visita de Zelensky a Casa Blanca y transferir $391 millones en ayuda militar para enfrentar a los rusos, quienes invadieron Ucrania en el 2014, a que Zelensky revelara que había comenzado las investigaciones a los Biden. Además, tendría que probar que la interferencia en las elecciones del 2016, que todas las agencias de inteligencia de los EEUU habían concluido había sido obra de los rusos, en realidad había ocurrido desde Ucrania, en efecto exculpando a Rusia de sus actos.

Hubo tres testimonios que resultaron desastrosos para Trump. La exembajadora Marie Yovanovitch describió cómo fue vilipendiada por Rudy Giuliani para que Trump la despidiera y no pudiera oponerse al esquema de extorsión contra Zelensky. La principal especialista del Departamento de Estado en asuntos de Rusia, Fiona Hill, describió no solo el contubernio entre el gabinete de Trump y Giuliani, sino que reveló que la supuesta intervención de Ucrania en las elecciones del 2016 era una campaña de propaganda rusa, expresada públicamente por Putin en el 2017 y que, al repetirla, el Partido Republicano la validaba como cierta.

Pero el testimonio más devastador fue el del embajador Gordon Sondland. El hotelero multimillonario que donó $1 millón a la inauguración de Trump a cambio de convertirse en embajador ante la Unión Europea, le dijo al Comité de Inteligencia que sí, que Trump había ordenado la extorsión a Zelensky, que todos los secretarios y asesores estaban al tanto, que en efecto, el 26 de julio, en llamada por celular con Trump, este le había preguntado cómo iban las investigaciones, que a Trump le importaba “una mierda” Ucrania, y que su único interés eran las “cosas grandes”: las investigaciones a los Biden y las elecciones del 2016.

Mientras, Trump se dio a la tarea de repetir en cientos de tuits que no había habido “quid pro quo”, o sea, que no hubo la exigencia de realizar las investigaciones a cambio de la visita a Washington y la transferencia de los fondos autorizados por el Congreso. Sin embargo, todos los deponentes en las vistas públicas confirmaron bajo juramento que Trump había ordenado la suspensión de la transferencia de fondos, que varios miembros de su gabinete como el vicepresidente Mike Pence, el “chief of staff” Mick Mulvaney, el secretario de Estado Mike Pompeo, su asesor en Seguridad Nacional John Bolton, el embajador ante la Unión Europea Gordon Sondland, y su abogado personal, Rudy Giuliani, tenían conocimiento de los hechos.

A la luz de los testimonios de sobre una docena de especialistas en política pública hacia Ucrania, Rusia y el antiguo bloque soviético, todos nombrados por la administración Trump, el Comité de Inteligencia, presidido por el congresista Adam Schiff, se dispuso a comenzar el informe a ser sometido al Comité de lo Jurídico, que es el llamado a redactar artículos de residenciamiento. De estos ser aprobados por una mayoría en la Cámara (los demócratas obtuvieron la mayoría en las elecciones intermedias del 2018) se enviarían al Senado para realizar un juicio y determinar si se separaría de su puesto al presidente. Dicho juicio estaría presidido por el juez presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el Senado participaría en calidad de jurado. Se requeriría un 67% de los votos para expulsar a Trump de la presidencia. Los republicanos, al presente, cuentan con 53% de los votos. Se requeriría que veinte senadores republicanos se unieran a los demócratas para poder cesantear a Trump.

El jueves 21 de noviembre, justo cuando el Comité de Inteligencia de la Cámara se proponía comenzar el informe, un parte de prensa reveló que el expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Devin Nunes, tan pronto los republicanos perdieron el control de la Cámara en noviembre de 2018, viajó a Ucrania con dos empleados para reunirse con Víctor Shokin, el fiscal general de Ucrania que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la administración Obama exigieron renunciara por su demostrada corrupción bajo el presidente anterior Petor Poroshenko, vencido por el actual presidente Zelensky en abril de 2019.

La revelación vino de parte del abogado de Lev Parnas, quien junto a su socio Igor Fruman fue arrestado por el FBI por donativos fraudulentos al Partido Republicano, la campaña de Trump y un congresista de Texas llamado Peter Sessions. Parnas, distanciado de Trump por este haber reclamado que no lo conocía, fungió como enlace entre Giuliani y el acusado ucraniano Alexander Firtash, en una extraña relación contractual. Firtash le pagó $500,000 a Parnas, quien a su vez se los pagó a Giuliani quien, a su vez, contrató a Parnas como traductor y asesor del equipo de la defensa de Trump, que dirige Giuliani (así de complejo).

Firtash, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Viena esperando extradición a EEUU por fraude, se reunió con Nunes para discutir la investigación de los Biden en Ucrania, junto a Giuliani, Parnas y Joe diGenova y Victoria Toening, los comentaristas de Fox y abogados del exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus contactos con Rusia y Turquía durante la campaña de Trump.

La revelación de los intentos de Nunes, el líder de la minoría del Comité de Inteligencia de la Cámara, de conspirar con Trump, Giuliani, Parnas y Firtash le presentan un inanticipable dilema tanto al presidente del Comité, Adam Schiff, como a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. ¿Qué hacer con un miembro de un comité nada más y nada menos que de inteligencia, a cargo de investigar las posibles violaciones de ley de parte del presidente por extorsión, especificado en la Constitución como motivo para residenciamiento, si dicho miembro del comité y de la Cámara conspira con el presidente al que se le investiga para ocultar un delito, que es la principal causal para residenciamiento y que, una vez separado de la presidencia, sería motivo para una acusación criminal por un fiscal federal?

Los acontecimientos de los pasados días revelan que el presidente Trump conspiró para extorsionar al presidente de Ucrania a cambio de investigaciones que mancharan la imagen de su principal adversario político en las elecciones del 2020. El aparente poder que Trump ejerce sobre su partido se ha traducido en que congresistasy senadores esgriman una defensa férrea e insostenible dados los testimonios. Las últimas revelaciones, la disposición de Parnas a testificar, el coqueteo de John Bolton, exasesor de seguridad nacional, con revelar sus conversaciones con el presidente antes de que salga su libro testimonial, la posible inclusión del delito por parte de Trump de mentirle al Congreso en sus declaraciones escritas de que ignoraba los acercamientos de su exasesor Roger Stone a Wikileaks como parte de los artículos de residenciamiento, todas señalan hacia un juicio en el Senado que será juzgado no solo por ese cuerpo en pleno. Pero más aún, serán juzgadas por la opinión pública, que estará atenta a si Trump será removido del poder de cara a las elecciones del 2020, por improbable que parezca.

Si un asaltante entra a un banco, armado y con la nota al cajero para que le entregue todo el dinero, y es detenido antes de completar el acto, es tan culpable como si hubiese salido por la puerta con el saco de billetes. Trump comenzó el proceso de extorsión desde al menos febrero de 2019, cuando Giuliani comenzó a ir a Ucrania con ese propósito. El 25 de julio, un informante anónimo, empleado de la CIA, dio a conocer el intento de extorsión en la llamada a Zelensky. Ahora le corresponde a la polarizada sociedad estadounidense decidir si el sistema que se ufana de ser el modelo para el mundo entero es capaz de gobernarse a sí mismo bajo el imperio de la ley o si le permitirán a un oficial electo colocarse por encima de la ley y, al hacerlo, de facto destruir la república, la razón de ser de su sistema democrático, y el rol de liderazgo global que ha disfrutado desde principios del siglo XX.

La defensa ciega de quien dirige tiende a cegar a quienes eligen quien les nubla la vista.

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