Karla Angleró González

Tribuna Invitada

Por Karla Angleró González
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¿Cuál era la fidelidad del juez Ramos Sáenz?

“Mi filosofía judicial es la fidelidad a la ley” (Hon. Sonia Sotomayor).

Recientemente han sido reseñadas por los medios de comunicación del país las denuncias del senador Aníbal José Torres en las cuales presenta un esquema electoral donde alegadamente al menos un juez, varios abogados y funcionarios públicos participaban en conversaciones con el fin de establecer las estrategias electorales que darían ventaja a un candidato en particular. 

Han sido múltiples las voces que han reclamado, además de la posible comisión de delitos electorales, las violaciones éticas que pudieron haber cometido, tanto el hoy suspendido juez Rafael Ramos Sáenz, como los abogados que son parte del grupo de comunicación.  Nos preguntamos cuál era la fidelidad del juez Ramos Sáenz. Su fidelidad, de corroborarse la veracidad de los hechos, era a un partido político y no a las leyes de este país al que juró defender.  

Nuestro sistema democrático de gobierno requiere de la más amplia y eficaz independencia del poder judicial como elemento de los derechos civiles de nuestro pueblo. Es esta independencia judicial piedra angular de la confianza pública en el sistema jurídico del país, así como la fortaleza del balance constitucional que lo rige.  Diversas organizaciones internacionales han reclamado la independencia judicial como un principio universal y de salvaguarda de los derechos humanos.

El juez Ramos Sáenz, de validarse la comisión de estos hechos, además de manchar el sistema judicial de Puerto Rico; también habrá manchado el proceso electoral puertorriqueño al condicionar sus decisiones a la revisión previa de un partido político en lugar de hacerlo con total independencia de criterio.  Son múltiples las controversias electorales que culminan sometidas ante los tribunales del país y resulta indignante el solo pensar que un juez parcialice sus determinaciones para beneficiar a un partido político por encima de salvaguardar la pulcritud que debe resguardar el derecho electoral.

En Puerto Rico el poder político emana del pueblo y se ejerce con arreglo a su voluntad. Es nuestra Constitución la que consagra el derecho al voto como uno igual, secreto, directo y libre mediante el cual el ciudadano emite su voto según los dictados de su conciencia. Tal garantía de expresión electoral en nuestro país representa el más eficaz instrumento de participación ciudadana y ha sido emulado por otras jurisdicciones democráticas.

Recae en la Comisión Estatal de Elecciones evitar que nuestro sistema electoral se vea manchado actuaciones como estas. Sepa el país que estaremos vigilantes para que actos como este no queden impunes y así mantener la confianza de nuestro pueblo en sus organismos electorales.  

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