Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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Cuarentenas, aislamientos y derechos civiles

En la Segunda Guerra Mundial —después del ataque de Japón a Pearl Harbor— los japoneses residentes en Estados Unidos, siendo ciudadanos norteamericanos la mayoría, llegaron a ser considerados un riesgo a la seguridad nacional y, como “enemigos”, fueron internados en campos de concentración a tenor de los poderes de guerra del presidente Roosevelt. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a invalidar esos “encarcelamientos”. ¿El razonamiento?: Estados Unidos estaba en guerra y había que atajar al enemigo a como diera lugar.

La de ahora es otro tipo de guerra. El enemigo: el coronavirus, un ser microscópico que vive agazapado en los cuerpos contagiados sin que el portador sepa muchas veces ni cuándo ni cómo lo contrajo. Sin embargo, esta vez de nada servirá el arsenal militar de Estados Unidos para combatirlo. Este ni siquiera ha podido producir una vacuna para su prevención.

Los gobiernos hablan de “cuarentenas” y “aislamientos” para los ciudadanos sospechosos de ser portadores del virus, y hasta ahora nadie ha cuestionado esas directrices. Si usted aterriza en la isla en un viaje desde la Cochinchina y allá estaba propagado el virus, lo mandarán para su casa a una cuarentena de catorce días “bajo observación médica”. Si viene con síntomas de fiebre o tos, le aplicarán el protocolo médico que el Departamento de Salud haya adoptado y el viaje será con toda probabilidad para un hospital, donde le aguardará otra “cuarentena” o “aislamiento”. Entonces, todo estará bien mientras los ciudadanos en tales “cuarentenas” sean conscientes del riesgo en que colocarían a los demás si no aceptaran esas restricciones a su libertad. Pero, ¿qué sucedería si algún ciudadano se negara a seguir la recomendación de la “cuarentena”, que hasta ahora acepta voluntariamente?

Los países dictatoriales, en los que los gobernantes tienen en muy poca estima la letra de sus constituciones, la solución es sencilla. Puerto Rico es otra cosa. Aquí existe una Constitución cuya letra prevalece sobre la voluntad de sus gobernantes y a ella deben estos ajustarse.

Nuestra Carta de Derechos reconoce “como derecho fundamental del ser humano” el derecho a la libertad y a que nadie pueda ser privado de su libertad “sin debido proceso de ley”. Si a un ciudadano se le privara de su libertad (que incluye la libertad de moverse libremente por las calles y lugares públicos del país) para sometérsele a una “cuarentena” o “aislamiento” en contra de su voluntad, el ciudadano puede presentar ante cualquier juez una petición de hábeas corpus. Es un remedio privilegiado y eficaz, tan extraordinario que la propia Constitución establece que “[n]o se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública” (Art. II, Sec. 13). No dice en casos de riesgo a la salud pública.

Por otro lado, los toques de queda —como el que decretó el gobernador Ricardo Rosselló después del huracán María— tampoco están permitidos por la Constitución, a menos que el gobernador o gobernadora “[proclame] la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas” (Art. IV, Sec. 4). Otra vez se excluye la ley marcial como mecanismo para prevenir los riesgos a la salud pública.

Sin embargo, no estamos en un callejón sin salida. La Constitución también provee el camino. La Carta de Derechos establece que los derechos allí reconocidos no pueden restringir “la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo” (Art. II, Sec. 19). De modo que, en lugar de seguir hablando del informe del almacén y de la secretaria de Justicia, podrían ponerse a trabajar en una legislación que procure proteger y armonizar tanto los intereses en la salud pública como en los derechos de los ciudadanos. Deberían aprobar legislación que establezca aquel balance de poderes y derechos que los tribunales puedan convalidar. Y, sobre todo, hacer un esfuerzo consensuado en el que el bienestar del país prevalezca sobre las diferencias partidistas.

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