Francisco A. Catalá

Tribuna Invitada

Por Francisco A. Catalá
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Cuesta abajo con la Junta y Rosselló

En ocasiones se obtiene la impresión –quizás falsa– de que resulta imposible comprender a cabalidad lo que sucede en Puerto Rico, sobre todo si los puntos de referencia son las acciones de la Junta de Supervisión (Control) Fiscal y de la administración gubernamental encabezada por el gobernador Ricardo Rosselló.  

Ninguno parece reconocer – o, tal vez, ninguno quiere hacerlo – el medio en que ambos están operando. Se trata de un país políticamente subordinado que siempre ha tenido una economía atrofiada, con un mercado laboral disfuncional y que, con alzas y bajas, ha recurrido a la emigración, la dependencia y el endeudamiento como “válvulas de escape” o mecanismos de compensación; se trata también de una economía por la que ha transitado una sucesión de enclaves (ropa, petroquímicas y  farmacéuticas), inducidos por ventajas fiscales y cuyos excedentes se han “derramado” hacia el exterior. Todo esto está en crisis.

La economía ha estado en “crisis oficialmente declarada” por más de trece años; las “válvulas de escape” se han revelado como problemas y los enclaves han manifestado su inestabilidad en un mundo en el que la globalización cuenta. Al empequeñecerse la base productiva se agrava la insuficiencia fiscal. Un dato que no suele destacarse es el de la distribución funcional – entre asalariados y propietarios – del Ingreso Interno Neto: en el año 1980 le correspondía el 60% a los asalariados, fracción que disminuyó a 30% en 2018. Claro está, esto se vincula al peso creciente del capital; pero también revela creciente precarización y hace patente la debilidad fiscal del gobierno y el enorme problema de seguridad social que enfrenta la sociedad puertorriqueña, sobre todo cuando se reconoce que la tasa de participación en el mercado laboral es de solo 40%.

Hace más de dos años inició su gestión la actual administración gubernamental con “planes” para lidiar con los problemas del país. En el trayecto ha estado acompañada de la Junta de Supervisión (Control) Fiscal armada con una ley del Congreso –Promesa – para estabilizar las finanzas, reestructurar la deuda y lograr acceder a los mercados de capital. Debajo de la mesa o en algún lugar desconocido han quedado los planes de revitalización infraestructural y de desarrollo. Pero ni con lo que está sobre la mesa ni con lo que está debajo se ha cumplido. 

Han sido varios los desencuentros entre unos y otros. Los últimos se resumen en la demanda de la Junta contra el gobernador Rosselló y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Básicamente, la Junta impugna la ley 29 de 2019 que libera a los municipios del costo de las pensiones (“Pay As You Go”) y del costo de la reforma de salud. 

También impugna una serie de resoluciones aprobadas por el gobernador. La raíz del desencuentro es, naturalmente, fiscal, es decir, el impacto en el presupuesto del gobierno central.

El gran problema de ambos es que discuten los problemas fiscales y de la deuda de manera autorreferencial. Es como si su médico le hablara de su enfermedad sin referirse a las causas y a los remedios. Adviértase que no hay diferencias –por sus coincidencias ideológicas– cuando se trata de desmantelamiento institucional, llámese Universidad, Orquesta Sinfónica, estaciones del pueblo de Puerto Rico o Compañía de Fomento Industrial. Por tal camino, como se titulara un viejo tango del legendario Carlos Gardel, se seguirá “cuesta abajo”.

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